La sociedad colombiana ve con mucha preocupación la ruptura del respeto que debe tener la institucionalidad del país, por parte del primer mandatario de los colombianos y de los sectores que lo apoyan y que se jactan de todas las acciones incoherentes que van en contravía de las sanas costumbres y de la normatividad que nos rige como un Estado Social de Derecho. La Constitución Política de Colombia y las Leyes nos permiten convivir y respetar los derechos de la ciudadanía. Es un deber sagrado en un país como el nuestro, que goza de una sana democracia. Hoy en día los violentos quieren imponer su Ley. Lo decíamos en el editorial del viernes anterior. En Colombia tenemos a la Dian, a la cual debemos pagarles los impuestos y otra, las organizaciones narcoterroristas que, con la anuencia del gobierno nacional, tienen desesperados a los empresarios, agricultores, ganaderos, transportadores, comerciantes y vendedores ambulantes, porque los están vacunando y extorsionando en la mayoría de los municipios del departamento. Podemos inferir que se está institucionando, otra oficina paralela a la Dian de manera ilegal que se encuentra ubicada en las montañas del país. Es más agresiva. Así no lo quieran aceptar los funcionarios del alto gobierno, quienes viven aislados y descontextualizados de la realidad nacional. Viven en la nebulosa y en la estratosfera.
Y como si fuera poco, el irrespeto liderado por el presidente de la República a los organismos de control, están generando un desgobierno, demostrando su incapacidad e ineptitud para gobernar este país. Ahora la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia tiene la enorme responsabilidad de nombrar al décimo fiscal general de la Nación en la historia del país. Ese cargo recaerá en una de las tres juristas ternadas por el presidente de la República: Ángela María Buitrago, Amelia Pérez y Luz Adriana Camargo, todas reconocidas penalistas. Apenas ese trascendental proceso empezó a cumplirse desde finales del año pasado con todo el rigor que exigen no solo las normas, sino la importancia del asunto en trámite Desafortunadamente, el enrarecido clima de polarización que se vive en el país está rondando cada vez con mayor fuerza, a través de inaceptables presiones y afirmaciones malintencionadas, al trámite que se está cumpliendo en el Alto Tribunal. De nada sirven las invitaciones para que el sindicato de Fecode y las Centrales Obreras salgan a marchar para exigirle la elección de una de las ternadas. Algo absurdo.
Igualmente, después de 10 días de que la Procuraduría General suspendiera temporalmente al canciller Álvaro Leyva, el ejecutivo no ha querido separarlo del cargo. Sigue despachando a pesar de estar suspendido porque se pasó por la faja la providencia de este órgano de control. Existe un irrespeto por la independencia de poderes, fundamento de todas las democracias, los cuales no atraviesan sus mejores épocas.
