Por: Ernesto Cardoso Camacho
El Estado Social de Derecho que rige nuestro sistema democrático otorga derechos, pero también obligaciones y responsabilidades.
Tenemos diversos y abundantes derechos, individuales y colectivos, como son los establecidos en el título segundo, capítulos 1 al 4, artículos 11 al 82 de la Constitución; mientras que los deberes y obligaciones ciudadanas están definidos en el capítulo quinto, donde únicamente el artículo 95 señala 9 de ellos; de los cuales; sin duda alguna los más trascendentes serían los de cumplir la constitución y la ley; respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; difundir y defender los derechos humanos; proteger los recursos naturales y culturales; contribuir a financiar los gastos del Estado en justicia y equidad; y propender al logro y mantenimiento de la paz.
Como se observa a primera vista, existe un fuerte desequilibrio entre derechos y deberes; hecho que explica en buena parte la clara tendencia libertaria que caracteriza a nuestro sistema democrático, donde aparentemente, los tres poderes públicos tienen balances de pesos y contrapesos que garantizan el equilibrio en el ejercicio del poder público, el cual tiene su origen en la soberanía popular. Es aparente, porque la experiencia nos demuestra que el régimen presidencial subyuga con privilegios y prebendas a los congresistas, al tiempo que éstos eligen a los Magistrados de las llamadas “Altas Cortes” en una feria de recíprocos favores también sometidos al poder presidencial.
Ahora bien. Si observamos con objetividad el sistema político y electoral, el cual se sustenta a través de los partidos; encontramos que se vienen agotando paulatina pero sistemáticamente perdiendo por completo credibilidad y confianza en la ciudadanía. Lo que presenciamos actualmente con la dinámica del gobierno Petro, claramente indica que los partidos tradicionales, especialmente el liberalismo y el conservador, han abandonado por completo sus banderas y principios ideológicos, negociándolos vergonzantemente por ministerios y burocracia. En relación con los demás, me refiero concretamente a CR, CD y la U, mantienen sus estructuras clientelistas, aunque los dos primeros ahora ejercen de opositores al gobierno.
En este contexto, se encuentra buena parte de la explicación al deterioro social, cultural y político, así como a la creciente inversión de los valores y principios que caracterizan a nuestra sociedad.
De esta manera, conceptos vitales como la autoridad, el orden, la ética pública, la fraternidad humana y la verdadera solidaridad social; vienen siendo aceleradamente socavados por el mal ejemplo de los políticos y dirigentes que, con sus conductas delictivas originadas en la rampante corrupción, junto con el narcotráfico y la violencia; son la fuente de lo que hoy se percibe en todas partes.
Pésimos alcaldes y gobernadores; desorden, anarquía, violencia, inseguridad e impunidad, aparentemente justificados por la crisis económica acrecentada por la pandemia. Desde luego que existen ciertos factores de descomposición social que no solamente se originan en estos aspectos, sino que tienen su origen en la falta de educación de calidad y con amplia cobertura, pues las semillas de tales conductas se siembran en altos índices de familias destruidas que no reciben oportunamente los apoyos del Estado ni de la sociedad.
Existe otra circunstancia lamentable que contribuye a la dolorosa realidad que hoy sufrimos los colombianos. Dentro del cúmulo de derechos establecidos en el artículo 40 de la Constitución, existen diversos mecanismos de participación ciudadana que no se ejercen con suficiente responsabilidad, empezando por el voto para elegir nuestros gobernantes. Se imponen las clientelas políticas y los intereses personales, sobre los verdaderos intereses de la comunidad.
Ahora que regresa la oportunidad de escoger los nuevos gobernantes regionales y locales, ya se empiezan a observar las estrategias en las maquinarias de los diversos partidos que pretenden continuar su perverso dominio en el ejercicio del poder. Es entonces la hora de que la ciudadanía se empodere para derrotarlos y ofrecer oportunidades a los nuevos liderazgos cívicos y sociales que oxigenen esta agonizante democracia.
