La Red de Veedurías Ciudadanas se retractó y retiró la denuncia que había presentado semanas antes contra los congresistas Daira Galvis, Mauricio Gómez y Antonio Zabaraín por presuntamente haber ejercido presiones indebidas para que no se revocara el polémico contrato firmado entre el MinTIC y la Unión Temporal Centros Poblados.
Pablo Bustos, quien lideró la acción judicial, ofreció excusas y señaló que hasta la fecha «no militan en su contra pruebas de responsabilidad en el caso MinTIC-Centros Poblados».
Únicamente dejó en firme la denuncia contra el senador Armando Benedetti quien fue señalado por la exministra de las TIC de haberla llamado para que suspendiera la audiencia en la que se iba a pedir la revocatoria del billonario contrato.
Bustos insiste en que el congresista sea investigado por tráfico de influencias teniendo en cuenta las declaraciones públicas que hizo Abudinen en diferentes medios de comunicación.
Debido a esta situación el despacho del magistrado Misael Rodríguez deberá fijar una nueva fecha para la diligencia en la que se escuchará al senador Benedetti y así tomar una decisión sobre si abre o no una investigación formal.
