La demora en la contratación de los servicios del Programa de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) está poniendo en riesgo a más de 1,2 millones de menores en todo el territorio nacional.
Las alarmas fueron encendidas por la Procuraduría tras realizar un exhaustivo barrido en diversas regiones del país, revelando los graves problemas que enfrenta la entidad con los procesos de selección de operadores, firma de contratos y el inicio de su ejecución. Estas dificultades han generado serios inconvenientes en cuanto a los derechos de los niños, niñas y madres gestantes.
Durante las diligencias de seguimiento, la Procuraduría constató la falta de planificación y capacidad del ICBF para implementar el nuevo modelo de contratación del servicio, así como los desafíos que esto conlleva, quedando claramente subestimada ante la magnitud de la continuidad del Programa de Primera Infancia.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública también evidenció que el ICBF, desde finales del 2023, debió haber avanzado significativamente en los procesos de contratación. Sin embargo, esto no ocurrió y la situación se agravó al carecer de un plan alternativo que garantizara la prestación del servicio.
Le puede interesar: Por cada hijo que tenga una mujer se le reducirán 50 semanas para jubilarse
Un caso palpable de esta preocupante situación se encuentra en el departamento de La Guajira, donde al menos 44 mil niños de la comunidad wayúu sufren la ausencia del Programa de Primera Infancia. Este programa, que incluye educación inicial, alimentación nutritiva, acompañamiento familiar y espacios protectores, es fundamental para el desarrollo de los menores y las madres gestantes.
La incertidumbre se intensifica al conocer que, de las 1.325 zonas ofertadas para la prestación de servicios por parte del ICBF, hasta el 26 de febrero de 2024, 240 zonas han sido declaradas desiertas. Además, de las zonas seleccionadas, aún no se han firmado los contratos ni se ha iniciado su ejecución.
Ante este preocupante panorama, la Procuraduría insta nuevamente al ICBF a agilizar la contratación de los servicios para salvaguardar los derechos de la población infantil y garantizar el acceso continuo a programas esenciales para su bienestar y desarrollo.
Puede leer: Inició pago del ciclo 2 para beneficiarios del programa Colombia Mayor
