Con un debate de control político que fue convocado en la Comisión Quinta del Senado, revive hoy la discusión por la ratificación del Acuerdo de Escazú. Los citantes buscan que el Gobierno explique las gestiones que ha hecho para la aprobación de este tratado de carácter ambiental que ha sido suscrito por más de 11 países de la región, pero que en el caso de Colombia se ha dificultado por la oposición de algunos sectores políticos y económicos quienes argumentan que el texto podría afectar la realización de proyectos de desarrollo.
La iniciativa se hundió en la pasada legislatura por falta de debate, y frente al futuro de la misma el ministro de Ambiente, Carlos Correa, anunció que el Gobierno tiene la voluntad de volver a presentar el proyecto, pero que antes quiere socializar en las regiones los alcances de este acuerdo, por lo que no sabe concretamente por parte del Ejecutivo si lo radicará o no este año.
Para este debate de control político que fue solicitado por el senador Jorge Londoño (Alianza Verde), fueron citados la canciller, Marta Lucía Ramírez; y el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa.
Igualmente fueron invitados los miembros de la Alianza por el Acuerdo de Escazú en Colombia, que se trata de una plataforma de organizaciones no gubernamentales, universidades y representantes de redes, que trabajan en el fortalecimiento de la democracia ambiental en el país por medio de la garantía de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, que son precisamente los objetivos que persigue este tratado adoptado en Escazú (Costa Rica) el 4 de marzo de 2018 para América Latina y el Caribe.
El trámite de este proyecto y su discusión se dio en la legislatura pasada en las comisiones segundas conjuntas, dado que el Gobierno lo presentó con mensaje de urgencia y que estas células legislativas se encargan de la ratificación o no de los acuerdos internacionales que suscriba Colombia. Sin embargo, en esta oportunidad la Comisión Quinta tercia en este asunto debido a que entre sus competencias están los temas ambientales.
La iniciativa de ratificación de este tratado fue presentada por el Gobierno en 2020 con mensaje de urgencia. A pesar de ello, en todo este tiempo no hubo acuerdo en las comisiones segundas para darle su primer debate, aunque sí se llevaron a cabo varias audiencias públicas y foros regionales en los que los parlamentarios ponentes tuvieron la oportunidad de escuchar distintas posturas de gremios, académicos y defensores del medioambiente.
El 16 de octubre la iniciativa tenía ponencia positiva de los congresistas Carlos Ardila (Partido Liberal), Lidio García (Partido Liberal), Neyla Ruiz (Alianza Verde), Antonio Sanguino (Alianza Verde) y Feliciano Valencia (Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS).
Posteriormente, el 4 de noviembre fue radicada una ponencia negativa firmada por el senador Juan Diego Gómez y su copartidario conservador Jaime Felipe Lozada, así como por Juan David Vélez (Centro Democrático), Gustavo Londoño (Centro Democrático), José Luis Pérez (Cambio Radical) y Anatolio Hernández (Partido de la Unidad, La U).
Tras el hundimiento del proyecto de ley el 20 de junio el Ministro de Ambiente aseguró que es una prioridad de la administración de Iván Duque la ratificación del Acuerdo de Escazú. “Por eso, volveremos a presentarlo para que haga curso en el Congreso en la nueva legislatura”, dijo.
En septiembre de 2020, durante su intervención ante la Asamblea de las Naciones Unidas, el presidente Iván Duque dijo que “estamos a la espera de la aprobación por parte del Congreso de la República del denominado Acuerdo de Escazú”, recordando que el país lo suscribió a finales de 2019.
El 12 de diciembre de 2019, al liderar el acto de divulgación en la Casa de Nariño, el presidente Duque calificó la firma del Acuerdo de Escazú como un producto de la Gran Conversación Nacional que el Gobierno inició con todos los sectores del país, entre ellos el ambiental, tras el paro nacional del 21 de noviembre.
El tratado tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación, y garantizar los derechos de todas las personas a un medioambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a los grupos étnicos y la sociedad civil.
Durante el acto de divulgación de la firma del Acuerdo, Duque destacó tres de los elementos clave que el tratado ayuda a promover: el acceso a la información pública, la participación ciudadana en las decisiones que se tomen sobre el sector y la justicia ambiental, temas en los que, anotó, el país muestra ya importantes avances.
Para el mandatario es clave el aporte que hará el Acuerdo de Escazú, junto con los distintos mecanismos de cooperación amazónica, al avance del Pacto de Leticia, que lideró el Gobierno de Colombia, mediante el cual los países de la región establecieron compromisos concretos en materia de protección del Amazonas; además consideró que la firma demuestra que los colombianos podemos unirnos, por encima de nuestras diferencias, en temas fundamentales para el país, como es el caso de la defensa y protección del medioambiente.
Cabe señalar también que al principio de este mes el presidente Duque sancionó la Ley de Delitos Ambientales, iniciativa de parlamentarios del Partido Liberal con la cual, entre otros, la deforestación dejará de ser un delito excarcelable y el país demuestra que toma acciones contundentes para proteger la biodiversidad.
Discusión
Como se dijo existe prevención en buena parte del empresariado colombiano frente a que las normas del Acuerdo de Escazú terminen frenando la realización de proyectos de desarrollo, habida cuenta la participación que otorga a la ciudadanía en temas ambientales haciendo oír su voz.
En una audiencia pública que desarrollaron las comisiones segundas como parte de la discusión del proyecto de ratificación, el presidente de la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia), Jorge Enrique Bedoya, resaltó que para el sector productivo el Acuerdo les genera serías preocupaciones sobre la participación o consulta previa, que ha probado ser una gran aporte pero también ha sido una traba para el desarrollo del país.
“El tema de la justicia nos parece fundamental, pero la producción de la prueba del daño ambiental puede ser contradictoria y generaría inseguridad jurídica. Nos preocupa que nos quedemos en un buen Acuerdo pero su implementación se quede en el papel. Acompañamos la protección de los defensores del medio ambiente”.
Puntualizó el directivo que “el espíritu del Acuerdo es loable, pero Colombia debe aplicar las leyes que ya existen y desde el sector privado y agricultor este Acuerdo genera muchas dudas”, por lo cual solicitan archivar esta iniciativa.
Por su parte Gonzalo Moreno, del Fondo Nacional Avícola, dijo que “este tipo de leyes pueden utilizarse en fines particulares, no puede permitirse este tipo de mecanismos para ejercer presión sobre la tierra. Nos preocupa que cualquier proyecto productivo deba tener un permiso o consulta previa, por lo cual solicitamos no darle trámite al mismo”.
