Por: Alfonso Vélez Jaramillo
Cómo es posible que entre 2019 y 2022 hayan prescrito en Colombia cada año 6.000 procesos por la extinción de la acción penal.
La situación es vergonzosa y no tiene presentación, con toda la plata que se invierte del presupuesto nacional cada vigencia para sostener la administración de justicia, en óptimas condiciones. Y no trato de ofender a los operadores judiciales, es un llamado al Gobierno, al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía, y a los demás organismos de control, como el Ministerio público y la Contraloría.
Estas entidades deben buscar la optimización de los recursos, que cooperen y se modernice la justicia de manera armónica y sincronizada, porque es para todos. Y como aceptar, que igualmente en nuestro país la duración de un proceso contencioso pueda ser de hasta 12 años, teniendo en cuenta que los colombianos somos signatarios de una Constitución política basada en principios.
Nuestro principio fundamental es el Estado Social de Derecho, que irradia la carta magna y propugna por la búsqueda de la verdad, la justicia, la igualdad y en esencia, una pronta y cumplida administración de justicia y los derechos.
No se trata de una especulación, es “Un análisis de la justicia en Colombia a partir de las cifras” de la Corporación Excelencia en la Justicia.
Igualmente, de acuerdo con el diagnostico realista y concreto del acceso a la justicia en Colombia, hecho por el jurista Alberto Rojas Ríos, quien conoció profundamente sobre el tema como magistrado durante 8 años y presidente de la Corte Constitucional en el periodo del año 2020. Y son números concordantes con el Departamento Nacional de Planeación (DPN), del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) y un estudio muy especial del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sobre la administración de justicia en Colombia.
Alarmado por este escenario Rojas Ríos, quien ha sido un abanderado de los derechos de las minorías, el soporte de los derechos humanos y la justicia en cualquier democracia, propuso una revolución profunda de la justicia y una recomposición del Estado en esta materia. Según su propuesta, en este proceso, inclusive, se podrá contar con los 375 mil abogados inscritos ante el Consejo Superior de la Judicatura, muchos de ellos con conocimientos interesantes y otros cesantes por las limitaciones para ingresar a la rama judicial.
Veamos: Durante 2019, 2020 y 2021 el número de procesos judiciales activos pasó de 1´903.309 a 2’035.879.
La Acción de tutela ha representado un 27% del total de demandas recibidas y si en el año 97, recién creada, un juez gestionaba un promedio anual de 11 tutelas, hasta el año 2019 cada juez ha gestionado un promedio de 141 tutelas al año.
De acuerdo con el jurista Rojas Ríos y el informe de gestión de la Corte Constitucional a principios del año 2023, cada año se radican ante esa corporación 742. 888 acciones de tutelas, solo para el trámite eventual de revisión, asegura que es el máximo en la historia de la Corte.
Un 44.6% de las tutelas solicitaba la protección del derecho del derecho fundamental de salud, el derecho al debido proceso 22.7%, el 15.7% la protección de la dignidad humana, de los cuales la Corte seleccionó solo el 0.08 % o sea unas 614 para revisión, porque en las condiciones actúales humanamente es imposible atender todos los requerimientos. Y para rematar esta cifra tan preocupante, en Colombia prestaban su servicio una cifra ínfima de 11.7 jueces por cada 100 mil habitantes, y la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendaba 65 jueces por la misma cifra de habitantes.
O sea, que la propuesta del expresidente Alberto Rojas Ríos, es bien interesante y bien vale la pena tenerla cuenta, porque, como no hay atención adecuada ni cumplida se presentaron 93.490 incidentes de desacato porque el Estado colombiano no cumple. El exmagistrado Alberto Rojas Ríos, fue ponente en el foro nacional por la justicia realizado en Neiva en el marco del cuadragésimo aniversario de la muerte del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla.
El doctor Rojas, aseguró que no son ideas, sin autocriticas, de personas que, como él, a lo largo de su vida han pertenecido a la justicia, y con la revolución de la justicia y la reorganización del estado, esta llegará al hombre común, pronta y cumplida. Tema cae como anillo al dedo, en momentos en que la congestionada rama judicial, como algunas otras de las de las demás ramas del poder público en Colombia, se debaten en una de sus peores crisis de legitimidad por los continuos casos de corrupción denunciados todos los días, pero especialmente, por la congestión de los despachos judiciales.
