Según lo manifestado por la Defensoría del Pueblo, el 75% de los casos de reclutamiento en el país, corresponde a niñas, niños y adolescentes indígenas. Como si fuera poco, en el municipio de La Plata, varios comuneros han recibido amenazas contra su vida e integridad por actores armados.
La situación de seguridad es compleja, en los municipios que se encuentran cerca del departamento del Cauca.
¿Reclutamientos de niños indígenas?
En relación a este caso, Carlos Ernesto Camargo Assis, defensor del Pueblo, denunció: “en carta enviada al presidente de la República, Gustavo Petro, le manifiesto mi preocupación, porque los grupos armados ilegales, siguen con la práctica de reclutamiento de menores, particularmente contra niños de comunidades indígenas. Por ejemplo en el Resguardo Indígena Nasa-Huila de Río Negro, Íquira, el Frente Ismael Ruiz, habría reclutado por lo menos seis infantes de esa comunidad”.
De los casos reportados a la entidad, el 59,6% corresponde a niños y adolescentes y el 40,3%, a niñas y ‘jovencitas’, lo cual indica una afectación diferencial por condiciones de género.
En relación a este problemática, Bernardino Meza, del Consejo Regional Indígena del Huila, manifestó: “los territorios indígenas vivimos una situación compleja con presencia de diferentes actores armados, que desarmonizan el territorio y la convivencia de los pueblos ancestrales”.
Al parecer, habría una estrategia para reclutar a menores de edad, por ende desde el Resguardo, se encuentran adelantando un proceso interno, para conocer este tipo de hechos y “se aclaren los mismos, con el fin de que esta problemática no siga ocurriendo. Necesitamos que las entidades competentes hagan ese ejercicio de seguimiento, coordinación y articulación con nosotros para hacer el debido proceso”, indicó el comunero.
Miedos a represalias, denuncias
Son niños entre 13 a 15 años de edad, los que estarían ‘buscando’ los reclutadores de las Disidencias de las Farc. “Las familias y comunidades, se encuentran amenazadas. Y hace poco nos asesinaron a un cuidandero del territorio, por eso es crítica la situación de seguridad. En algunos espacios es evidente, encontrar a estas personas.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, puntualizó que el 75% de los casos de reclutamiento en el país corresponde a niñas, niños y adolescentes indígenas. “Son 166 casos los registrados por la entidad en lo que va del 2023, no obstante, el subregistro podría ser mayor, pues las familias de las víctimas no denuncian por temor a represalias de las estructuras armadas al margen de la ley”.
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La aberrante práctica
En este aspecto, Edna Rocío Pinto, coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas del Huila, expresó: “nosotros le apostamos a este nuevo proceso de Paz, pero sí le pedimos a los grupos al margen de la ley, que por favor no ‘toquen’ a nuestros hijos, o si son otros facciones que están realizando este clase de hechos, hay que denunciarlos”.
“Van siete niños que han sido reclutados en municipios del sur de la región, y a otros menores, los incentivan con dinero, les dicen que con la plata van a poder ayudar a sus progenitores, que cuando estén en estos grupos, pueden tener lo que no les dan el colegio”, agregó la líder.
Ante estos complejos hechos, los afectados, solicitan que hagan talleres en las escuelas y colegios, para conocer que ‘rutas’ de acompañamiento que existen para las víctimas y así saber cómo actuar frente a esta problemática.
Al respecto, Julio Jaime Salas, psicólogo y docente, al preguntarle ¿porque se da el reclutamiento forzado de menores?, indicó: “implica aumentar el ‘pie de fuerza’ militar, recordemos que a los grupos armados, lo que les interesa son dos disputas centrales, las rentas donde controlan los recursos de las economías ilegales y en segundo lugar vigilar los territorios, por ende necesitan más hombres”.
Y ya el mayor Edwin Humberto Mesu, comandante del Gaula-Ejército, había hecho esta fuerte denuncia: “hemos aprehendido a menores de edad en varias operaciones realizadas, los utilizan para hacer atentados y extorsiones, luego les pagan. Los disidentes, están instrumentalizándolos, para ejecutar acciones terroristas, debido a que las leyes para ellos son distintas y estarían pagándole a reclutadores con el fin de que le lleven jóvenes a sus filas”.
Líderes indígenas intimidados
Como si fuera poco, los grupos de disidentes, también habrían amenazado a 12 indígenas, donde al parecer los ‘armados’ tienen una lista de personas en su poder. Los sujetos les mandarían mensajes de texto, llamadas, donde les indicarían que abandonen el territorio o que acaten las condiciones (ordenes) dadas. Incluso en ocasiones les piden dinero.
Las autoridades indicaron que llevaron a un comunero hacía otra localidad, debido a que ya había sido objeto de dos amenazas contra su integridad y como dice la gente, una tercera oportunidad no hay.
Así le ocurrió, a José David Chávez Yoino de 23 años, a quien la muerte, no le dio opción de huir de ella. El joven perteneciente al resguardo indígena Nasa de Juantama, fue asesinado con arma de fuego, aparentemente por grupos armados ilegales en el corregimiento de Santa Leticia Moscopán, vereda Antonio Nariño del municipio de La Plata, Huila.
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Alertas tempranas y grupos ‘reclutadores’
En el 2023 han sido emitidas 35 Alertas Tempranas por la Defensoría del Pueblo, 29 están relacionadas con riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes y desde el 2021, cuando la entidad habilitó el ‘Botón’, ha sido reportado un total de 344 casos, de los cuales el 48% corresponde al 2023; es decir, hubo un aumento proporcional del delito.
Siendo las investigaciones, las facciones de disidentes de las Farc, son quienes registran el mayor número de casos (con el 91,1%), les siguen el ELN (7%), otro (1,3%) y los grupos posdesmovilización AGC – Clan del Golfo, Bloque Virgilio Peralta Arenas, conocido también como Los Caparros (0,6%).
“Los grupos armados ilegales deben abstenerse de reclutar, usar y utilizar niñas, niños y adolescentes. Respeten el derecho internacional humanitario y los derechos humanos de toda la población, especialmente los de los menores de edad”, señaló el defensor del Pueblo.
Para hacerle frente a esta problemática, es necesario impulsar la implementación de la Línea de Política Pública en la materia, fortalecer los entornos protectores y generar estrategias que permitan prevenir esta grave violación a los derechos humanos, indicó el Defensor del Pueblo.
Por su parte, Dayro Fernando Herrera, director Seccional de Fiscalías-Huila, indicó. “Se han registrado seis denuncias en el año 2023 y frente a este caso, dos fiscales de la unidad especializada, se encuentran investigando los hechos, con el propósito de establecer, si el delito de reclutamiento, existió, y en caso tal que se demuestre desde el punto de vista probatorio, conocer quiénes serían los autores o participes”.
