Por: Jaime Alberto Arrubla Paucar

Un  “rifirrafe” se presentó el pasado martes, entre la actual Procuradora y su antecesor, con ocasión  de la investigación disciplinaria adelantada por presuntas irregularidades en  gastos reservados, iniciada por la Procuraduría General de la Nación, contra varios militares, incluyendo generales, miembros del Ejército Nacional, adscritos al Comando Conjunto de Inteligencia y a la Regional de Inteligencia Militar Estratégica, quienes supuestamente estaban utilizando recursos destinados al pago de recompensas por información que condujera al desmantelamiento de grupos criminales en beneficio personal y de sus comandantes y jefes.  La Procuradora aseguró que su antecesor no llevó por buen cauce el proceso y advirtió que encontró grandes falencias investigativas y que, por tanto, “la única decisión jurídica procedente era el archivo de la actuación disciplinaria”,

Por su parte, el exprocurador  inculpado negó que hubiera falencias investigativas en el proceso y precisó que el entonces viceprocurador recaudó una serie de pruebas con las que se formuló pliego de cargos contra los militares involucrados. El caso después pasó a manos de la Sala Disciplinaria que, el 20 de noviembre de 2018, decidió anular todo lo que había adelantado. El exprocurador afirmó que la validez de la prueba seguía intacta. Y advirtió que la  Procuraduría en su actual administración,  no valoró las pruebas recaudadas y que desestimó la actuación sin exponer “razonablemente en qué consiste la falta de contundencia de la prueba”.

Nada bueno para la imagen de discutida institución semejante lavada de “trapos sucios” en los medios de comunicación.  A la contrariedad frente a la opinión pública por la reforma introducida en el Código Disciplinario, se suma ahora esta discusión que pone en tela de juicio la eficacia de sus investigaciones; que además, son duplicadas por la Fiscalía, pues se supone, que los hechos que dan lugar a la falta disciplinaria, también son delito que debe investigar  la Fiscalía.

Se demuestra la inutilidad  de la reforma a las funciones de la Procuraduría.  Lo que el país está en mora de hacer es replantear esta corporación, que por lo menos en el campo penal, dobla sus funciones con la Fiscalía, con un alto costo para los colombianos.  Para esquivar el mal ambiente del proyecto, decidieron no crear directamente los nuevos cargos que se requieren, pero haciendo algo peor, que fue dejar abierta la puerta burocrática para el futuro, facultando al ejecutivo para ampliarla cuando quiera.  No está bien  semejante trampa, por quienes deben combatir la corrupción.

Los cientos de puestos que seguramente se van a crear en la Procuraduría, que son, además, para “torcer el pescuezo” a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Petro, pues van a pasar los delegados a tener funciones jurisdiccionales, es decir, a ser jueces de la República, con grave incremento de la burocracia política de este país.  Cabe preguntarnos: ¿será  lógico el diseño de este organismo, cuya principal función es combatir la corrupción, cuando  desde la elección de su cabeza, se le entrega a la clase política?