Tras una decisión del Consejo de Estado a favor del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, el líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción ha anunciado su intención de demandar a la Nación.
El Consejo de Estado emitió una nueva providencia judicial en la que señala que la Procuraduría General de la Nación carece de competencia para suspender o inhabilitar a funcionarios elegidos por voto popular, basándose en lo previsto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Esta decisión se originó a raíz de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el exalcalde de Bucaramanga contra una suspensión de ocho meses que le impuso el Ministerio Público después de un incidente con un concejal de la ciudad.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones, argumentando que el caso Petro Urrego vs. Colombia, resuelto por la CorteIDH, no era vinculante y que la Corte Constitucional ratificaba las competencias del Ministerio Público en casos similares.
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Sin embargo, en segunda instancia, el Consejo de Estado revocó esta determinación. Sostuvo que, en concordancia con la jurisprudencia de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos, la Procuraduría puede investigar y juzgar a funcionarios electos popularmente, siempre y cuando no implique la restricción de sus derechos políticos.
En consecuencia, la sala determinó que se deben reintegrar más de 95 millones de pesos al exalcalde Hernández, en caso de haberlos pagado como parte de la sanción impuesta.
“Demandaré la Nación y repetiré contra los funcionarios de la procuraduría que en alianza con los politiqueros, me buscaron sacar en las elecciones pasadas. Que paguen de sus bolsillos las marrulladas. Cada peso recogido será entregado a causas sin ánimo de lucro en Santander”, dijo Rodolfo Hernández.
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