Juan Carlos Cortés G.
Dio reporte el gobierno nacional sobre el avance del proceso de punto final, con el cual se buscó clarificar las cuentas pendientes en el sistema de salud y proceder a su pago. Más de 6 billones de pesos de cartera cubiertos y esfuerzos por depurar los litigios por flujo de recursos, constituyen un avance importante, como la voluntad política por resolver esa deuda histórica, que representa un paso fundamental para asegurar la atención de salud en el país.
De otro lado, las decisiones adoptadas por la Superintendencia Nacional de Salud en cuanto a depuración de operadores de salud, particularmente en casos como el de la EPS Medimás, que nació viciada y se sostuvo con un servicio inaceptable, evidencian el compromiso gubernamental por mejorar el aseguramiento sanitario.
La pandemia colocó a prueba los sistemas de salud y debe decirse con orgullo que Colombia fue capaz de responder al reto, con una fuerte institucionalidad. Ninguna persona tuvo que endeudarse o perder su patrimonio para cubrir su atención; ello implica que los gastos de bolsillo sean de los más bajos, colocando al país a nivel de la OCDE.
Se duplicó la capacidad en UCI y el personal de la salud fue ejemplo de profesionalismo, contándose con el liderazgo confiable del ministro de Salud. La reacción de las autoridades territoriales en la coordinación de las atenciones por el covid fue determinante, dejando ver la importancia de la gestión pública para la eficacia del servicio. Participación de mercado, con necesaria actuación solidaria y estatal.
El Consejo de Estado ordenó recientemente que el sistema cubra toda atención derivada por efectos de las vacunas, en tanto la Administradora de Recursos de la Salud (ADRES) se fortalece, como la tesorería del sistema.
Tres décadas de maduración muestran resultados, con un nivel de aseguramiento para toda la población, que accede a las mismas prestaciones asistenciales sin importar si contribuye o no, como también abren espacio para ajustes y actualizaciones.
No se trata de arrasar con lo construido, pero sí de convocar una amplia deliberación nacional para proyectar el sistema de salud pospandemia.
El no acceso o inoportunidad de la atención aún se mantienen, como dificultades en la red de atención y baja eficacia de las actividades de promoción y prevención. Las tutelas por salud siguen siendo la tercera parte de las reclamadas en el país, provocando falta de confianza y congestión evitable de los despachos judiciales. Es inadmisible que tengan aún las altas Cortes que resolver sobre el reconocimiento de pañales o prestaciones de salud.
Más allá del debate sobre eliminar las EPS, el tema es revisar su rol en el sistema, cuando prevalece el giro directo de recursos a los prestadores y se tiene una institucionalidad fortalecida en materia de afiliación, cotización y articulación para la prestación de los servicios.
Por el impacto del régimen subsidiado que estimula la informalidad, como lo resalta la Misión de Empleo, corresponde pensar en que la financiación de la salud se mueva hacia los impuestos, considerando además que progresivamente se reducen las cotizaciones para trabajadores de menores ingresos y pensionados. Es tiempo de reorganizar las decenas de fuentes financieras de la salud y devolverle al sistema de subsidio familiar los recursos que por aportes de empleadores para las cajas de compensación se trasladan al esquema subsidiado.
Adoptar un mecanismo administrativo que solucione las negaciones de servicios y precise la tutela para casos de excepción, reorganizar la atención preventiva y volcar las energías frente a los temas de salud mental y patologías crónicas, son asuntos claves.
Reformar sin destruir es el reto.
