Trece organizaciones sociales rechazaron ese delito en el Ejército Nacional durante las manifestaciones del 2021.
Por: Hernán Galindo M
Foto: semana.com
En un comunicado, la ‘Mesa por la reforma policial’ exigió al exministro de Defensa y hoy aspirante a la alcaldía de Bogotá, Diego Molano, y al excomandante del Ejército Nacional, Eduardo Enrique Zapateiro, informar a la opinión pública si estaban al tanto de esta posible corrupción en la Fuerza Pública.
Este pronunciamiento se da luego de que Caracol Radio revelara las interceptaciones telefónicas a Eduardo Molina Berrio, uno de los capturados por ser el presunto integrante de una red de tráfico de armas en el Ejército.
En las conversaciones, Molina Berrio habría supuestamente organizado ‘grupos de autodefensa’ en Cali para repeler a indígenas y a la Primera Línea en el paro nacional de 2021. El hombre de 57 años habló con varias personas en mayo de ese año para la posible compra de su munición y el desembolso de dinero, entre 5 y 28 millones de pesos, para sus integrantes.
“Es alarmante que miembros del Ejército Nacional hayan traficado armas de fuego dirigidas a grupos de civiles con el objetivo de amedrentar y vulnerar el derecho a la vida e integridad de las personas manifestantes. Lo anterior implica un quiebre para la democracia y para el libre ejercicio de derechos fundamentales, al exponer ilegal e injustificadamente a la población en ejercicio de su derecho fundamental a la protesta social, al uso de la fuerza letal, al peligro inminente de muerte y daños graves innecesarios”, aseguró la ‘Mesa por la reforma policial’, integrada por 13 organizaciones sociales.
Aseguró que el episodio del ciudadano Andrés Escobar disparando contra la manifestación con la que sería un arma traumática, “evidencia la participación de civiles organizados por agentes del Estado para atacar el derecho a la protesta social y a quienes participan de ella, sin que hasta a la fecha haya mayores avances en la justicia para investigar y responsabilizar estas acciones, que hacen recordar los tiempos de las famosas CONVIVIR”.
“Por lo tanto, también exigimos una respuesta inmediata de parte de la Policía Nacional, ya que es de conocimiento público que durante los hechos de violencia en Cali contra manifestantes omitió proteger a los y las manifestantes. Es necesario conocer si esta entidad estuvo al tanto de dicha situación y que, en caso afirmativo, asuma las responsabilidades a que haya lugar”, indicaron las ONGs.
Por último, solicitaron a la fiscalía general de la Nación establecer una ruta de investigación que busque establecer posibles nexos de este presunto tráfico ilegal de armas con el caso de Andrés Escobar, “así como con otros graves hechos de arbitrariedad del Estado sucedidos en las ciudades de Cali, Popayán y Bogotá durante el desarrollo del Paro Nacional del 2021; con el fin de clarificar la responsabilidad del Estado en la agresión a la protesta social”.
