Tras un trabajo que ha adelantado durante más de dos semanas una subcomisión que fue designada a raíz de que congresistas de diferentes partidos presentaron más de 150 proposiciones para ser incluidas en el proyecto de Inversión Social (reforma tributaria), mañana la misma se reunirá con los presidentes de las comisiones económicas para entregar un informe sobre las iniciativas que tendrían cabida y que contarían con el aval del Gobierno.
A partir de ahí se dará el banderazo para acometer el primer debate de este proyecto en las comisiones cuartas y quintas del Senado y la Cámara de Representantes, el cual cuenta con mensaje de urgencia por parte de la administración de Iván Duque. No obstante, como van las cosas, difícilmente se logrará aprobarlo este mes como era el propósito manifestado por el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo.
El Gobierno espera la pronta aprobación de este proyecto, no solo por la necesidad apremiante de alimentar las finanzas públicas (duramente golpeadas por la crisis de la pandemia) sino porque además de esta reforma depende darle continuidad en 2022 a varias ayudas a la población más damnificada, como el Ingreso Solidario, que tendría un costo de $8,7 billones, a través del cual se apoya desde el año anterior a los hogares que no reciben transferencias monetarias por los programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y Devolución del IVA.
También el Ejecutivo nacional ha señalado que del recaudo por $15,2 billones anuales que espera recoger por la reforma, depende que se extienda el próximo año la matrícula gratis en la universidad pública a los jóvenes de los estratos 1, 2 y 3; así mismo que se prolongue hasta diciembre próximo el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), con el cual subsidia un 40% del salario mínimo a los empleadores que han visto reducidos sus ingresos de operación por la crisis de la pandemia, esto con el fin de preservar los puestos de trabajo.
Si bien en la presente oportunidad, como caso atípico, hay consenso en las fuerzas políticas que respaldan al Gobierno y la oposición sobre la necesidad de esta reforma, por lo menos en la parte del objetivo social, una cosa son las urgencias del Ejecutivo y otra las especificidades del trámite legislativo, como sucede en este momento por la cascada de proposiciones que han puesto a caminar despacio el proyecto de Inversión Social, luego de que fuera radicado con mensaje de urgencia el pasado 20 de julio por el Ministro de Hacienda.
El representante por Antioquia, Oscar Darío Pérez (Centro Democrático), quien hace parte del cuerpo de ponentes designados en la Comisión Tercera de esta Corporación, dijo a EL NUEVO SIGLO que “tengo entendido que el miércoles citan a sesiones conjuntas para mirar más o menos los avances de la ponencia, y creería, no puedo garantizar eso, que el jueves de esta semana se esté mirando, se esté analizando, a ver si se firma para ya ser aprobada la semana que sigue por las comisiones económicas”.
Agregó que dicha subcomisión estudió cerca de «300 proposiciones» para ver «cuáles se aceptan, cuáles se rechazan, cuáles acepta el Gobierno».
Por su parte la presidenta de la Comisión Tercera del Senado, María del Rosario Guerra, indicó en días pasados a EL NUEVO SIGLO que en «la reunión de los coordinadores y ponentes del proyecto hemos revisado ya más de 150 proposiciones, hemos sido muy cuidadosos de no perder el norte, que es tener los recursos necesarios para financiar los programas sociales y los programas para el beneficio de las empresas. Por eso se han rechazado casi que el 80% de las proposiciones».
La parlamentaria del partido Centro Democrático advirtió que el análisis de las proposiciones que han sido presentadas está a cargo de «los ponentes y los coordinadores ponentes, y por supuesto siempre si tienen aval o no del Gobierno, porque en estos temas tributarios y de gasto público no se puede tramitar nada que no tenga aval del Gobierno”.
Mientras que Mario Alberto Castaño, uno de los coordinadores ponentes de este proyecto en la Comisión Cuarta del Senado, indicó a este Diario que “no se han rechazado unas propuestas. Después se le pedirá a los proponentes, a los que suscriben las proposiciones, que las dejen como constancia para segundo debate las que no se pueden incorporar a la ponencia que debe estar votada en estos 15 días».
Es decir que las proposiciones que no sean tenidas en cuenta por recomendación de la citada subcomisión, integrada por parlamentarios de distintos partidos, no quedan desechadas de plano porque quienes las proponen pueden presentarlas en los debates, y será el voto de las comisiones económicas el que defina qué se incluye y qué no.
Dos semanas antes de que el proyecto fuera radicado, el ministro José Manuel Restrepo indicó que «a partir del 20 de julio vendrá lo que es un trámite con mensaje de urgencia con tránsito a través de las comisiones terceras y cuartas del Congreso de la República conjuntas, y a partir de allí vendría la presentación a las respectivas plenarias para que se dé su aprobación. Aspiraríamos a que se dé en el mes de agosto”.
La mayoría de los recursos que propone esta reforma tributaria provendrían de un apretón del cinturón del Gobierno en el gasto, así como de aplazar el beneficio de la devolución del ICA y la reducción del impuesto de renta a los empresarios.
El proyecto contempla la lucha contra la evasión, con lo que se esperan obtener $2,8 billones; austeridad en el gasto público dejaría $1,9 billones; una tarifa de renta corporativa de 35% produciría $6,7 billones. De igual manera se propone mantener el descuento del ICA en 50%, que produciría $3,9 billones.
Además el proyecto tiene otras medidas transitorias como la sobretasa de renta corporativa de tres puntos al sector financiero hasta 2025, que dejaría $392.000 millones; y el impuesto de normalización tributaria, que por esta vía se conseguirían $760.000 millones.
Las proposiciones
Entre las más de 180 proposiciones que parlamentarios buscan colgarle a la reforma tributaria, está una del senador Fernando Nicolás Araújo (Centro Democrático), quien plantea adoptar un contrato especial por un año como mínimo y dos como máximo, para menores de 30 años que no hayan tenido un contrato laboral formal ni de aprendizaje y que sean técnicos, tecnólogos o profesionales universitarios.
Además en esta colectividad se está planteando la devolución automática de IVA sobre bienes exentos, siempre y cuando los ingresos se encuentren soportados en facturas electrónicas.
Al respecto el representante a la Cámara, Christian Munir Garcés, explicó que “el Gobierno lo aprobó con los coordinadores ponentes. Actualmente, se demora en devolver el IVA en el sector agropecuario, entonces, aprovechando la factura, la idea es que se pueda hacer de manera automática. Y como las empresas necesitan liquidez para salir adelante, es importante que las cuentas entre las compañías y la DIAN se puedan resolver de manera más fácil”.
En tanto que el senador John Milton Rodríguez, del partido Colombia Justa Libres, propone una tarifa de renta del 27% para las mipymes y de 35% para las demás a partir del año gravable 2022; mientras que el senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, plantea aumentar el alcance del régimen simple.
Desde las toldas de Cambio Radical el representante Carlos Cuenca propone que los municipios con una población entre 30.001 y 50.000 habitantes sean catalogados de tercera categoría.
