DIARIO DEL HUILA, INTERNACIONAL
Actos de violencia, bloqueos de vías y protestas, provocaron el controvertido estado de emergencia en Lima y Callao.
En las primeras horas del día, muchos de los residentes de las provincias de Lima y Callao se enteraron de que su presidente Pedro Castillo, de imprevisto, había anunciado a medianoche toque de queda y estado de emergencia desde las 2:00 de la mañana hasta las 23:59 de ayer martes.
Esta polémica decisión es la respuesta del gobierno a la nueva crisis política y social de Perú, que cumple una semana de protestas generalizadas en las que han muerto cuatro personas y hay 20 detenidos.
Las protestas arrancaron el pasado 28 de marzo por el alza de precios del combustible y se ha extendido a otros gremios de trabajadores, generando episodios de violencia y disturbios.
Como sucede en muchos países, el incremento generalizado del costo de vida ha estrechado el bolsillo de los peruanos, registrándose datos de inflación no vistos en décadas.
Desde su llegada a la presidencia en julio de 2021, la estancia de Castillo ha estado marcada por múltiples cambios en su gobierno, dos intentos de moción de vacancia en su contra y pérdida de popularidad incluso en sectores que validaron su triunfo electoral.
La inestabilidad política y social de Perú se ha visto reflejada en los cinco presidentes que ha tenido en los últimos seis años, las protestas recurrentes y los daños humanos y materiales ocasionados por la pandemia, siendo uno de los países más afectados en América Latina.
Alza de los precios del combustible y el costo de vida
Al igual que el resto del mundo, Perú no escapa de la inflación heredada por el golpe económico de la pandemia, las disrupciones en las cadenas de suministro y el conflicto entre Rusia y Ucrania.
El índice de precios del consumidor creció un 1,48% en marzo y se convirtió así en la variación mensual más alta en 26 años, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática. Entre las causas, el encarecimiento de alimentos, la educación y el transporte.
Los altos precios del combustible fueron el detonante para que el pasado 28 de marzo el gremio de transportistas pesados anunciara un paro indefinido. «Comunicamos a la población el inicio de nuestra huelga a partir del 28 de marzo, porque lo que seguimos cobrando por el flete de las cargas ya no nos alcanza para seguir operando», explicó entonces el presidente del Gremio Nacional de Transportistas y Conductores, Héctor Velásquez.
Violencia desatada
Al menos una decena de las 25 regiones de Perú sufrieron bloqueos en varias carreteras, incluidas algunas con accesos a Lima, la capital, y se han reportado quema de casetas de peaje y neumáticos.
En Trujillo, al norte del país, se reportaron saqueos en supermercados y otros comercios. Desde que iniciaran las protestas, cuatro personas han muerto y unas 20 han sido detenidas. Y prácticamente desde el 28 de marzo, los participantes han denunciado actos de represión policial, algo que el gobierno ha contradicho. El ministro de Interior peruano, Alfonso Chávarry, explicó que las muertes se habían producido por circunstancias derivadas del bloqueo de carreteras y no por actos de la policía. Entre los fallecidos se encuentra un menor de edad.
El paso inesperado del toque de queda y estado de emergencia del presidente, es el último giro de un mandatario cuestionado y acostumbrado a cambiar de opinión. Sus críticos señalan sus constantes cambios de criterio como la prueba de su incapacidad para dirigir el país.
Cuando comenzaron las protestas a finales de la semana pasada, Castillo culpó de los bloqueos de carreteras a «cabecillas» y «dirigentes» «malintencionados y pagados», acusación que acompañó de una promesa de restablecer el orden que no ha podido cumplir.
Más tarde, adoptó un tono conciliador, se disculpó con los transportistas y anunció que exoneraba del pago de algunos impuestos a la gasolina, en un intento de apaciguar los ánimos que tampoco funcionó. Para entonces, las imágenes de la policía incapaz de controlar acciones violentas en distintos puntos de Perú ya copaban los informativos.
Ahora, ha recurrido a una medida extrema como el estado de emergencia para apagar un incendio que ha sido particularmente virulento en los sectores populares, esos a los que Castillo invoca permanentemente como su razón de ser. Está por ver que el estado de emergencia surta el efecto deseado. Si no lo hace, al presidente le quedarán pocos ases en la manga.
Dramática pérdida de popularidad de Castillo
Incluso antes de juramentar como presidente, Castillo ya enfrentaba un asedio desde la oposición y las élites empresariales, que no querían reconocer su elección. Aun así, analiza la politóloga, la ciudadanía quiso darle la oportunidad y el beneficio de la duda.
Las principales críticas a Castillo incluyen su «incapacidad» para elegir un equipo de gobierno «idóneo» para asumir los retos que el Estado demanda. En ocho meses en el cargo, Castillo ha nombrado cuatro gabinetes distintos.
A esto se suman las investigaciones de presunta corrupción que han salpicado al mandatario. Algunos de los investigados incluyen a dos sobrinos de Castillo y a Bruno Pacheco, exsecretario del presidente hasta su renuncia el pasado noviembre.
