Los establecimientos comerciales y algunas dependencias oficiales se encuentran desperados por la presión extorsivas de las organizaciones delincuenciales que hacen presencia en territorio huilense. Solamente en Neiva, la extorsión en Neiva aumentó un 281%, y se conoció que gran parte de estos hechos se debe a la delincuencia organizada, quienes están suplantando a las disidencias de las Farc. Y para contrarrestar esta problemática, algunos voceros del Congreso de la República, que estuvieron atendiendo la invitación que les hicieron algunos integrantes del Concejo Municipal de la capital del departamento, expresaron que se encuentra en trámite un proyecto de Ley que busca controlar la venta de sim card, así evitar las llamadas carcelarias y desde las montañas de Colombia. Los empresarios, comerciantes, campesinos, transporte público y otros sectores de la producción se encuentran muy preocupados por el aumento de las extorsiones, que se están presentando desde que se posesionó el actual primer mandatario de los colombianos. Los afectados están siendo citados en las montañas, para que empiecen a negociar con las organizaciones narcoterroristas los montos mensuales que deben seguir pagando a estas estructuras guerrilleras. Y como si fuera poco, si se niegan son amenazados con acciones terroristas contra su vida y su patrimonio familiar construido durante décadas y que, con la dada fracasada política de paz hasta el momento, se sienten incentivados para seguir fortaleciendo su accionar criminal por la laxitud gubernamental que tienen con esta criminalidad que ha desbordado el accionar del Estado.
El testimonio se escucha cada vez más en los municipios huilenses. Aquel que da cuenta de la llegada a cualquier zona urbana de un grupo de personas, asegurando pertenecer a alguna organización cuyo nombre inspira temor, y que se instalan en la región para seguir coordinando el cobro de estas vacunas. Desde allí han comenzado a ser el azote del departamento, sobre todo a través de la extorsión. Lo preocupante, es que este fenómeno de grupos delincuenciales que amenazan a comerciantes y residentes con hacerles daño si no acceden a sus pretensiones es real y viene creciendo. Lo hacen de forma directa, con una llamada telefónica y, cada vez más, valiéndose de las redes sociales por las que envían imágenes de armas para hacer más cruda la intimidación.
En algunos municipios, estos delitos están en auge, afectando a vendedores ambulantes, tenderos, transportadores, comerciantes, campesinos y demás actores que ejercen alguna actividad económica en la región. Hemos sido reiterativos, que este verdadero tormento que los grupos armados ejercen sobre la ciudadanía en las zonas bajo su control es creciente a pesar de los esfuerzos que realiza la institucionalidad para contrarrestar estas acciones criminales. Se está volviendo un paisaje, que el comercio de los bienes básicos por lo general incluye un porcentaje para los ilegales. En todo caso, hay que atacar este delito en todos los frentes.
