El presidente Gustavo Petro, confirmó a través del decreto 0016 del 14 de enero, que se extenderá el cese al fuego en Colombia durante 6 nuevos meses, luego de llegar a un acuerdo con las disidencias de las FARC-EP, en donde se estableció que se dará cumplimiento al decreto.
Diario del Huila, Panorama
Este domingo, a través de un decreto, el Gobierno y la disidencia de las antiguas FARC, conocida como Estado Mayor Central (EMC), acordaron una prórroga del cese al fuego por seis meses. La decisión, anunciada un día antes de que expirara el cese bilateral acordado hace tres meses en la instalación de la mesa de diálogos en Tibú, marca un paso significativo hacia la consolidación de la paz en el país.
El decreto, que establece la extensión del alto al fuego hasta el 15 de julio de 2024, también confiere a la mesa la autoridad para definir nuevos objetivos del cese al fuego. Estos objetivos estarán dirigidos al fortalecimiento del proceso de paz, la profundización de las transformaciones territoriales, la sustitución de las actividades económicas ilícitas, la protección del medio ambiente, la participación de la sociedad y la protección humanitaria de la población civil, según se expone en uno de los artículos del documento.
El diálogo de paz entre el Gobierno y el EMC, liderado por alias ‘Iván Mordisco’, ha entrado en su tercer ciclo en Bogotá, y la prórroga del cese al fuego se presenta como un elemento fundamental en este proceso. Sin embargo, la tarea primordial en esta fase será establecer una agenda clara de negociación. En el bosquejo de los ejes temáticos, se vislumbra la ambiciosa idea de abordar temas ya previstos en el Acuerdo de Paz de La Habana de 2016.
El Gobierno aún no ha resuelto el impedimento jurídico generado por varios firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 que forman parte de la disidencia, a pesar de que la mayoría de los 3,200 hombres que conforman el EMC no lo firmaron. Esta ambición es especialmente relevante.
Además de la complejidad jurídica, surge la necesidad de encontrar una solución al conflicto en el Cañón del Micay, una región en el suroccidente de Cauca que desencadenó una pugna en 2023 entre el Gobierno y la disidencia.
Ambos contendientes buscan el control territorial en esta área estratégica, y fue en este departamento donde se desplegó gran parte de la operación Trueno del Ejército, no solo para restaurar la seguridad, sino también para consolidar el dominio en el Micay, que concentra el 70% de la hoja de coca de Cauca. Este hecho no es trivial, ya que el Gobierno ha elegido esta región como el lugar para llevar a cabo el plan piloto de la nueva política de drogas.
El decreto que prorroga el cese al fuego se emitió dos días después de una reunión histórica en la que el presidente Petro se encontró por primera vez con los miembros de la delegación de Gobierno en los diálogos con el EMC. El mandatario, el ministro del interior, Luis Fernando Velasco, y el ministro de Justicia, Iván Velásquez, encabezaron este encuentro. También asistieron Camilo González Posso, jefe de la delegación de Gobierno; el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño; y Carlos Ramón González, director del Departamento Administración de la Presidencia.
La ampliación del cese al fuego se presenta como una respuesta a las dudas expresadas por la delegación de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU a lo largo de la semana. Estados Unidos condicionó ante dicho organismo la ampliación del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia a la verificación de este cese al fuego con el EMC.
Aunque Colombia ha solicitado formalmente que la ONU realice la verificación de este proceso con el grupo armado, similar a lo que ya hace con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Consejo de Seguridad aún no ha aprobado esta tarea. La representante de Estados Unidos afirmó que, aunque son conscientes de los avances en el proceso con el EMC, necesitan seguir monitoreando este diálogo antes de considerar una posible ampliación del mandato de la misión.
Continuar la agenda
Con la prórroga del cese al fuego asegurada, se espera que la agenda de negociación aborde compromisos adicionales de respeto a la población civil, no solo en lo que respecta al secuestro o la privación de la libertad, sino también en temas integrales como «transformaciones frente a economías ilícitas», como detalló esta semana el jefe negociador del Gobierno, Camilo González Posso.
También se pretende abordar la construcción de una «agenda ambiental con decisiones que se esperan de aplicación inmediata en la zona de la Amazonía, en temas de no deforestación, de respeto a las organizaciones y su autonomía, y respuesta a las comunidades en esta materia», precisó González.
En las reuniones anteriores entre el Gobierno y el EMC, que experimentaron altibajos y un breve parón después de acusaciones mutuas de incumplimiento en noviembre de 2023, se debatieron estos temas. El EMC decidió suspender la mesa de diálogos alegando un «incumplimiento total» por parte del Estado de los compromisos adquiridos, después de que las Fuerzas Militares no abandonaran una zona del departamento del Cauca como se había acordado.
Este episodio, que incluyó la retención de cerca de 200 soldados y la presión de la comunidad para que salieran de la zona, se dio por superado, y las conversaciones avanzan actualmente de forma privada. Se espera que, al finalizar el ciclo actual dentro de cuatro días, se brinde a la prensa un balance detallado de los temas discutidos y los avances logrados en este crucial proceso de paz.
La paz en el Huila
A pesar de la alentadora noticia sobre la extensión del cese al fuego por seis meses adicionales, es crucial recordar que, lamentablemente, en el departamento del Huila se han registrado las primeras violaciones a este acuerdo. Durante los meses de noviembre y diciembre de 2023, se documentaron una serie de incidentes, entre los cuales destacan los combates ocurridos en las veredas Los Cauchos y San Miguel, ubicadas en la zona rural de La Plata, Huila, protagonizados por el Ejército y las disidencias de las FARC. En ese momento, el secretario de Gobierno, Andrés Mauricio Muñoz Leguízamo, confirmó esta preocupante situación.
Lamentablemente, en las últimas semanas, facciones disidentes de las FARC han dirigido hostilidades continuas hacia nuestras fuerzas de seguridad, especialmente hacia el Ejército Nacional, en las proximidades de La Plata. En respuesta a estas agresiones, nuestras fuerzas se vieron obligadas a enfrentarse, lo que dio lugar a un conflicto que perduró aproximadamente 25 minutos. Afortunadamente, no se han reportado víctimas entre la población civil de La Plata como consecuencia de este incidente», expresó el secretario.
Adicionalmente, en municipios como La Plata y Algeciras, la comunidad se ha visto forzada por las disidencias a participar en reuniones donde se impartieron instrucciones para evitar la presencia del Ejército Nacional. En Neiva, así como en municipios como Baraya, también se han observado vallas alusivas a estas disidencias, generando preocupación en la región.
