La pandemia del Covid, ha desnudado una problemática de salud pública para los trabajadores que se ha convertido en una seria afrenta para el gobierno nacional por los altos costos para el sistema nacional de salud. El consenso irrebatible de que el motor de la economía es la fuerza laboral fue refrendado en el país por la seguridad social al crear con la Ley 100 de 1993, el Sistema de Riesgos Profesionales, hoy llamado de Riesgos Laborales. Transcurrido un cuarto de siglo y en plena madurez, si bien ha tenido avances, dicho sistema muestra grietas que se apartan, de manera preocupante, del objetivo supremo de amparar integralmente la totalidad de los trabajadores en términos de salud y bienestar.
La pandemia por el Covid implicó en la actividad de las empresas grandes cambios. Durante el 2020 y 2021 hubo una gran disminución de la presencialidad. Esa disminución implicó que muchos eventos que se presentaban en los lugares de trabajo, como caídas y otros similares disminuyeran su ocurrencia. Pero surgió que se elevó la enfermedad. Y aparecieron con la pandemia nuevos postulaciones, como las secuelas de Covid. Hay muchas personas que padecieron de este mortal virus, que quedaron con secuelas, enfermedades respiratorias, enfermedades de salud mental, entre otras, para las cuales hemos tenido que empezar a diseñar los protocolos de atención. Y hay otro componente que ha entrado a tener una participación altísima en la necesidad de gestión preventiva y de gestión curativa, que es el tema psicosocial.
Aunque esto sería suficiente para mirar lo recorrido y reorientar las cosas, otros grises empañan el horizonte. Por ejemplo, los datos disponibles, por lo general, son parciales y no oficiales debido a que en materia de riegos laborales se carece de un sistema de información propio que permita tener certezas acerca de la siniestralidad y atajar, de paso, la tendencia a hacer inferencias que puedan generar malestar en algunos sectores. Hay que ajustar las cargas en prevención y arreciar la vigilancia y las sanciones sobre empleadores negligentes.
Bastaría ver que, al tenor de los reportes aceptados, la tasa nacional de enfermedades laborales es de 104 por cada 100.000 trabajadores, mientras que las referencias de la OMS y la OIT se ubican entre 500 y 600 por cada 100.000, para sospechar que estas diferencias no son propiamente producto de la buena salud de la clase trabajadora colombiana y que no estaría de más una revisión más exhaustiva.
Lo más angustiante es que todas estas personas no tienen a dónde acudir. En Colombia hay un supuesto cubrimiento en salud mental con el sistema de salud, pero la realidad es mucho más compleja. Esas fallas son estructurales. Estamos en mora de encontrar la vacuna para esa pandemia.
