El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se encuentra nuevamente en el centro de la polémica debido a presuntas irregularidades en sus procesos de contratación.
La Procuraduría General de la Nación ha intensificado su seguimiento a la entidad, concentrando su atención en las contrataciones relacionadas con servicios de plataformas tecnológicas.
El foco de la controversia actual es un convenio firmado el 28 de diciembre de 2023 entre el SENA y la empresa INTERNEXA S.A. Este convenio, cuyo objetivo es “Aunar esfuerzos y recursos técnicos, jurídicos, físicos, administrativos y financieros para suscribir convenios y/o contratos derivados que permitan formular, estructurar, ejecutar, diseñar, implementar y articular estrategias que garanticen la continuidad de los Servicios TIC, infraestructura tecnológica y acceso a internet de todas las sedes del SENA”, ha derivado en múltiples subcontratos que podrían estar infringiendo principios y normas del Estatuto General de la Contratación Pública.
Según el procurador delegado, Marcio Melgosa, el proceso de contratación careció de la participación y pluralidad de oferentes, y resultó en una contratación directa con INTERNEXA S.A. por un valor de $65.381.813.000. Melgosa cuestiona la idoneidad de INTERNEXA para prestar los servicios requeridos, señalando que la empresa no es la única en el mercado capaz de ofrecer dichos servicios y que el proceso de subcontratación podría haber comprometido la integralidad e interoperabilidad de los mismos.
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Además, se destaca que INTERNEXA no fue identificada inicialmente como posible proveedor de estos servicios y que, aparentemente, carece de la experiencia necesaria para llevar a cabo las tareas estipuladas en el convenio. Este procedimiento ha suscitado preocupación, ya que la contratación directa con INTERNEXA permitió la subcontratación total de los servicios requeridos, eludiendo así un proceso de selección más transparente.
Ante estas presuntas irregularidades, la Procuraduría ha solicitado a las directivas del SENA que proporcionen explicaciones detalladas sobre la contratación realizada, incluyendo los montos, costos y procedimientos involucrados. Esta investigación busca esclarecer los posibles incumplimientos al régimen de la contratación pública y garantizar la transparencia en los procesos de contratación dentro de la entidad.
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