El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, compareció ante los magistrados de la Corte Constitucional para abordar las repercusiones económicas de la reciente sentencia que invalidó la deducibilidad de las regalías petroleras y carboníferas del impuesto de renta corporativo.
Según los cálculos presentados por Bonilla, el impacto fiscal inmediato de esta decisión alcanzaría los $6,7 billones en el corto plazo. Esta cifra se desglosa en $3,4 billones destinados a devoluciones y $3,3 billones derivados de la imposibilidad de recaudar.
El funcionario advirtió que la sentencia dejará un vacío considerable en los ingresos del Estado, calculado en $34,9 billones. Este impacto se distribuye a lo largo del tiempo, con $6,7 billones previstos entre 2023 y 2024, $7,3 billones entre 2025 y 2034 (a mediano plazo), y $10,9 billones proyectados hasta 2035 (a largo plazo).
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Estas cifras representan una variación significativa respecto a las estimaciones iniciales del Ministerio de Hacienda, que había calculado una pérdida de recaudo de $27,8 billones en los próximos 10 años. Aunque el Ministerio presentó una actualización de sus cifras, la Corte Constitucional consideró inadmisible esta modificación y la rechazó.
En respuesta a esta situación, Bonilla presentó cuatro propuestas al alto tribunal para mitigar el impacto fiscal de la sentencia. Entre estas propuestas se incluye la posibilidad de diferir los efectos del fallo a partir del 1 de enero de 2025, con el objetivo de evitar devoluciones de impuestos ya recaudados.
Esta sentencia plantea un desafío económico significativo para Colombia y destaca la importancia de buscar soluciones que protejan la estabilidad financiera del país.
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