Por: Juanita Tovar.
El caos vial en Bogotá está en un punto crítico. Las lluvias torrenciales provocaron inundaciones masivas en distintas zonas de la ciudad, especialmente en sus principales vías de acceso. Familias enteras, y especialmente los más vulnerables, nuestros niños, se vieron atrapados en una pesadilla que ilustra perfectamente el estado de abandono en que se encuentran las salidas y entradas de Bogotá. Durante horas interminables, niños quedaron atrapados en buses escolares en condiciones indignas: sin acceso a alimentos, sin la posibilidad de ir al baño y con el único “consuelo” de avanzar unos metros cada tanto. En muchos casos, no llegaron a sus hogares hasta altas horas de la noche, después de soportar una travesía de hasta siete horas en los buses escolares. Esta historia está por repetirse, pues ayer mismo vimos otro aguacero que generó inundaciones en la capital del país.
Este episodio fue un reflejo de la incapacidad de la infraestructura vial de Bogotá para responder a las demandas de la movilidad moderna y para enfrentar las emergencias. Las salidas de la ciudad, como la autopista Sur, la calle 80, la autopista Norte y la carrera Séptima, han mostrado una vez más que están lejos de ser adecuadas. Esta situación, que se ha perpetuado durante décadas, es consecuencia directa de la falta de planeación y de la priorización de intereses políticos sobre las necesidades reales de la ciudadanía. Pareciera que en Bogotá se ha optado por lo más fácil: no hacer nada.
Parte del problema radica en la continua disputa entre el gobierno distrital y el nacional, una rivalidad que ha obstaculizado el desarrollo de proyectos esenciales para la ciudad. La semana pasada, mientras los niños soportaban largas horas de encierro en buses escolares, quedó en evidencia que el sistema de movilidad de Bogotá no tiene la capacidad de enfrentar emergencias o siquiera un día de lluvia intensa. Sin embargo, en lugar de responder de inmediato a la crisis, los líderes políticos se enfrascaron en discusiones y acusaciones mutuas, dilatando cualquier solución y dejando a los ciudadanos en la incertidumbre.
El caso de la autopista Norte es uno de los ejemplos más contundentes de esta situación. Esta vía, que en teoría debería facilitar el ingreso y salida de la ciudad, es un embudo permanente. Los intentos de ampliación han sido limitados y mal planeados, y cualquier mejora realizada ha demostrado ser insuficiente. La reciente extensión hasta la calle 183 termina en un semáforo que, en vez de agilizar el tráfico, genera un embotellamiento intolerable, especialmente en situaciones de emergencia como la vivida esta última semana. La falta de visión y previsión es evidente, y los resultados hablan por sí mismos: Bogotá está atrapada en su propia ineficiencia.
La autopista Sur, que conecta Bogotá con el sur del país, es otra de las salidas colapsadas que contribuyó al caos de la semana pasada. La combinación de las lluvias con el tráfico vehicular generó un escenario de terror para quienes intentaban desplazarse en esta vía. Los buses escolares atrapados en interminables filas fueron testigos de la desidia gubernamental y de la falta de infraestructura adecuada para evacuar la ciudad en momentos de crisis.
El hecho de que cientos de niños hayan quedado atrapados en buses entre tres y siete horas, sin acceso a alimentos ni a servicios básicos, es una realidad intolerable. Esta situación ha dejado en evidencia la falta de preparación de la ciudad para proteger a sus habitantes más jóvenes, y también ha expuesto cómo las necesidades de los ciudadanos quedan relegadas en medio de luchas políticas. Las vidas y el bienestar de nuestros niños no pueden convertirse en daño colateral de decisiones políticas y de falta de planeación.
Lo más alarmante es que, en vez de abordar el problema con soluciones concretas, el debate se desvió hacia una discusión clasista y reduccionista. Algunos plantearon que la congestión vial solo afecta a las “élites” que envían a sus hijos a colegios en el norte, minimizando la gravedad de la situación y desconociendo el derecho a una movilidad digna para todos los ciudadanos. Este enfoque desvía la discusión del problema real: la falta de infraestructura adecuada para una ciudad que crece constantemente y que no puede seguir exponiendo a sus habitantes a situaciones de emergencia sin alternativas.
Después de más de tres décadas de promesas y planes inconclusos, surge la duda de si, para los administradores de la ciudad, lo más sencillo ha sido optar por la inacción. Las iniciativas necesarias para transformar la infraestructura vial de Bogotá requieren una voluntad política que trascienda los intereses de cada administración y una visión de futuro que hasta ahora no se ha materializado. Los ciudadanos, quienes pagan altos impuestos y confían en que estos recursos se traduzcan en servicios de calidad, se ven atrapados en un ciclo de resignación. Nos preguntamos si alguna vez llegará el momento en que Bogotá tenga una infraestructura vial digna y preparada para las emergencias.
Es momento de que los gobernantes dejen de lado sus egos y trabajen en conjunto para implementar soluciones duraderas. Como ciudadanos, tenemos derecho a exigir respuestas y a esperar que el dinero que aportamos al Estado se utilice en proyectos que beneficien a toda la sociedad. No queremos más promesas incumplidas ni planes a medias; queremos ver una transformación real que asegure que episodios como el de la semana pasada no se vuelvan a repetir.
La movilidad de Bogotá no puede seguir siendo rehén de la desidia. No podemos permitir que lo más fácil sea, como hasta ahora, no hacer nada. Bogotá merece una infraestructura que garantice el bienestar de todos sus habitantes, y los bogotanos merecen gobernantes que tengan el coraje de enfrentar los problemas y tomar decisiones difíciles, por incómodas que sean.
