En un verdadero dolor de cabeza se han convertido las alzas sucesivas de los servicios públicos domiciliarios, por el aumento sucesivo que han tenido sus precios, producto de una regulación que data de lustros atrás, a través de unas fórmulas que las familias no las entienden y que el gobierno nacional ha sido laxo con dichas empresas, para ejercer controles estrictos a la variación de los precios que se les cobran mensualmente a la sociedad colombiana. Definitivamente estas empresas prestadoras de estos servicios, solo les interesan las ganancias sin medir el impacto que tienen sobre los bolsillos de los colombianos. Pero no hay derecho, es que todos los anteriores gobiernos hayan sido cómplices para que se presente este desbordamiento de las alzas de tarifas. La laxitud que han tenido los entes gubernamentales, no se compadecen con la crisis social y económica que están padeciendo las unidades familiares en el país. Hay necesidad que la Comisión de Regulación de Servicios Públicos Domiciliarios, empiece a replantear esta política pública en beneficio de una población que cada vez se siente más lesionada en sus ingresos, por la alta inflación que hemos tenido desde inicios del año anterior.
Los servicios públicos domiciliarios, de electricidad, gas y agua, son los que más afectan a las familias colombianas, especialmente las huilenses. Así quedó evidenciado en la rendición de cuentas de la Superintendencia de Servicios Públicos realizada en la capital del departamento, el martes anterior. De acuerdo con la dirección territorial en la ciudad de Neiva, el servicio público que más presenta quejas y reclamos por parte de los usuarios es el de abastecimiento de agua potable, donde se identificaron abusos en los procesos de corte y reconexión por parte de la Empresa Prestadora, que en este caso le corresponde a las Ceibas Empresas Públicas de Neiva. Así lo afirmo su directora Patricia Almario.
Hay que reconocerle a esta empresa neivana, la implementación tecnológica para atender y desarrollar todos los procesos operacionales, con el fin de cobrarles lo justo en los recibos que se les entregan mensualmente. Pero hay que también comentar, es que no existe una cultura del ahorro del agua, lo cual genera que los contadores marquen los excesos de desperdicio de este preciado líquido y que los integrantes de algunas familias no corrigen estos hábitos de ahorrar agua. Lo anterior genera un mayor valor en el cobro de las tarifas. Igualmente sucede con los demás servicios domiciliarios. Existe una cultura del derroche y eso se paga con dinero y viene reflejado en dichas tarifas. Esperamos que el gobierno del presidente Gustavo Petro, asuma el liderazgo para frenar estos desbordamientos en el cobro de dichas tarifas, para aliviar en parte la pesada cruz que deben cargar las familias colombianas, por dichos abusos. Amanecerá y veremos.
