La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) sin duda siempre es un tema que genera debate y polémica. En Colombia, aunque hay posiciones muy divididas, se ha logrado avanzar teniendo en cuenta que este “es un derecho íntimamente ligado a los derechos a la vida, a la salud, a la integridad, a la autodeterminación, intimidad y dignidad de las mujeres”, según menciona el Ministerio de Salud.
Esto después de que el 21 de febrero de este año, luego de dilaciones y discusiones aplazadas, se despenalizó el aborto hasta la semana 24 en Colombia. Esa decisión fue celebrada por miles de mujeres que mantenían una lucha porque se respetara el derecho a decidir sobre su cuerpo. Sin embargo, el rechazo por parte de ciertos sectores de la sociedad también se hizo evidente. Organizaciones que están en contra de la Interrupción Voluntaria del Embarazo se manifestaron e incluso, la abogada Natalia Bernal instauró una demanda de inconstitucionalidad.
Con esta demanda, lo que se pretendería, es que se reabra un debate que ya se dio y dejó como resultado la despenalización total hasta la semana 24 y a partir de ahí, en las tres causales que se habían planteado en el 2006: cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina y en caso de acceso carnal violento, transferencia de óvulo fecundado o inseminación artificial no consentida.
El objetivo principal de la demanda de Natalia Bedoya es que la Corte Constitucional rechace todas las prácticas abortivas que se realizan en la actualidad en Colombia. Para esto, solicita que los embriones humanos en el país tengan personalidad jurídica. Es de recordar que, de acuerdo con la Corte, ese estatus de persona jurídica se reconoce solo hasta el nacimiento.
Ante ese panorama, el Ministerio de Salud y Protección Social, en cabeza de Carolina Corcho, solicitó a la Corte Constitucional desestimar la demanda de Natalia Bedoya. Entre otras cosas, la cartera señaló que ni siquiera es claro lo que pretende la abogada. “No se entiende si lo que persigue la actora es o no la despenalización del aborto”, expresó el Ministerio de Salud.
Finalmente, sobre el estatus legal del embrión o del feto, el Ministerio de Salud recordó que si bien varios tratados internacionales en materia de derechos humanos que protegen el derecho a la vida, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, ninguno de ellos se refiere a la protección del producto de la concepción como parte de este derecho a la vida.
