Por Alain Perdomo Herrera
En el marco de la paz total propuesta por el gobierno nacional, se propone nombrar como agentes de convivencia a los llamados miembros de la primera línea, igualmente indultarlos por si han sido objeto de sanción penal; jurídicamente ello no es posible, porque no pueden ser considerados delincuentes políticos, como quiera que no hacen parte de grupos alzados en armas con fines políticos en busca de la toma del poder, que es el sentido de lo preceptuado en la codificación penal. Al momento de escribir esta columna, esta pretendida parte de la reforma se hundió, pero ello no es óbice para hacer claridad en algunos apartes del proyecto de ley que adiciona y prorroga la vigencia de la ley 418 de 1997 “por la cual se consagran instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y otras disposiciones”, modificada en cada uno de los tres anteriores mandatos.
Dicho de otro modo, el delincuente político es aquel que ha infringido la legislación penal y que por sus características su comportamiento estará enmarcado en rebelión, sedición, asonada, conspiración, seducción, usurpación y retención ilegal del mando; estos tipos penales son de vieja data y se remontan a la época de la lucha por la independencia, cuando el general Páez desde Venezuela, desobedeció la orden del general Bolívar de presentarse ante él en Santafé de Bogotá para seguir fortaleciendo los ideales la gran Colombia soñada, por el contrario le escribió una carta que en uno de sus apartes decía: “ que no se empeñase en contrarias a los venezolanos, que si se le atacaba, el país se cubriría de guerrillas y que en último caso, se entregaría a España, antes que seguir dependiendo de Bogotá”. Bolívar furioso emprende el camino a Caracas, se reúne con Páez, lo perdona y lo indulta por haber desobedecido la orden, la ley 1 de mayo de 1841, ley 4 de mayo de 1843 sobre indultos, nos ponen en contexto sobre el origen de los mencionados delitos.
En ese orden de cosas, el anhelo de la “paz total” es que pueda contener todas las expresiones de la sociedad, hasta ahí todo va bien. Sucede que otrora ha sido evidente los súper poderes del ejecutivo al querer usurpar funciones del legislativo, ahora lo que se advierte es que el mismo legislador es quien le quiere fortalecer los poderes, más de los que tiene, facultarlo para que expida entre otros: el marco reglamentario para el sometimiento de estructuras delictivas organizadas, es decir indicar cuál es el procedimiento judicial a seguir, esta decisión no puede recaer en un solo hombre “presidente”, cuando se ha empeñado en decir que todos debemos ser partícipes. También se pretende que el ejecutivo desconozca las providencias judiciales impuestas a personas con ocasión de las conductas cometidas en el desarrollo de la protesta social, en donde se supone que el poder judicial es autónomo e independiente y como el presidente no es ajeno a los eufemismos, decide llamarlos “promotores de convivencia y participación ciudadana”, ¿quién define esto?, y para completar los indultaría.
Un gobierno con antecedentes rebeldes es propenso a desafiar las leyes, generar empatías con determinado sector y relativizar los derechos de quienes han de oponerse y utilizar el poder legítimo del estado para perdonar a sus simpatizantes. En ese sentido no es viable, o mejor, no es el camino para alcanzar una paz total, cuando se tiene una concepción de favorecer a unos y mirar de soslayo a otros.
Si bien el argumento planteado por el presidente, al sostener que la desigualdad presente es el resultado de más de 200 años de abandono estatal, es cierto, pero ello no es patente de corso para que en la protesta social se destruya el país, se genere caos, e incertidumbre. En una sociedad que no se educa, las futuras generaciones lo que están observando es un completo desdén, en donde matan militares y policías, violan y asesinan niños y niñas, violan y asesinan mujeres, desplazan campesinos, se agrede al policía que más tarde le puede estar salvando la vida, se agrede al funcionario de tránsito por cumplir su función, un viceministro desautoriza un procedimiento policial, un Director de la policía tímido que justifica los hechos, una procuraduría que junto a la defensoría del pueblo y los jueces guardan silencio, en fin, si no puedes con el enemigo únete a él.
