La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), bajo la dirección de María del Socorro Pimienta, ha presentado un pliego de cargos contra importantes actores de la industria de combustibles en Colombia. Terpel, Chevron Petroleum Company, Biomax Biocombustibles, Primax Colombia, la Asociación de Distribuidores Minoristas de Combustible y Derivados del Petróleo de Nariño (Adiconar) y 46 distribuidores minoristas de combustible se enfrentan a acusaciones de coordinación para obstaculizar el ingreso de nuevos agentes mayoristas al mercado de distribución de combustibles en el departamento de Nariño.
La SIC alega que estos actores habrían ejecutado una estrategia destinada a socavar la posibilidad de que nuevos distribuidores mayoristas construyan plantas de abastecimiento en Nariño. Según la regulación aplicable, el distribuidor mayorista que construye primero en un departamento tiene el primer orden de prelación para realizar actividades de distribución. Esto limita a otros distribuidores mayoristas a atender solo la demanda que no ha sido cubierta por el primer distribuidor.
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El pliego de cargos establece multas significativas, alcanzando hasta 100.000 salarios mínimos para personas jurídicas, equivalente a $116.000 millones, y $2.300 millones para personas naturales involucradas en estas prácticas.
La SIC también ha señalado el ejercicio masivo, reiterado e injustificado de más de 45 acciones judiciales y administrativas para impedir que nuevos distribuidores construyan plantas de abastecimiento en Nariño. Esto incluye acciones ante el Ministerio de Minas y Energía, acciones de tutela, acciones populares y demandas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
La estrategia, supuestamente acordada en reuniones de Adiconar, ha tenido un impacto negativo en los consumidores del departamento de Nariño. La SIC argumenta que la suspensión del esquema de abastecimiento definido por la regulación ha perjudicado a los consumidores al no beneficiarse de la reducción del riesgo de desabastecimiento de combustibles líquidos y de una eventual disminución de precios. La investigación continúa para determinar la responsabilidad de cada entidad y persona involucrada en estas prácticas anticompetitivas.
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