Diana Sofía Giraldo
Me preocupa la epidemia de «miedo a Petro». Se está propagando de manera cada vez más rápida entre los colombianos trabajadores de clase media, acorralados y amenazados por las medidas que está tomando el gobierno -fundamentalmente en temas tributarios y de seguridad-. Empecé a observar los síntomas generalizados de angustia y a preguntarle a los especialistas en comportamiento para tratar de comprender qué origina la incertidumbre.
La prestigiosa experta en comportamiento, Nelly Rojas, definió esta epidemia en una frase: «Petro nos está robando la salud mental».
El miedo que produce no sólo tiene que ver con las medidas y cambios que se anuncian, sino con la forma de comunicarlos: los anuncios vienen con cargas coercitivas. Por ejemplo, el anuncio del gobierno sobre aumentos desproporcionados de impuestos para la clase media, va acompañado de una explotación comunicacional de la enfermedad de la «culpa», tan propia de nuestras sociedades. Se pretende hacer sentir culpable a quienes, con su trabajo honrado y fruto de muchos años de sacrificio, tienen una casa propia, un carro y una cuenta de ahorros. Los llaman intencionalmente «ricos», los señalan de pertenecer a una minoría, como una manera de incentivar, por contraste, el resentimiento social. Logran, así, silenciarlos.
Olvidan que estamos en un país pobre, donde algunos de los verdaderos ricos evaden y trasladan los aumentos de impuestos al consumidor final. Ellos nunca pierden. Si la situación se les torna difícil, se llevan sus capitales a otros países o se alían con el gobierno de turno. Y, ¿qué va a hacer la clase media? Trabajar para pagar impuestos y cumplir la ley o tratar de vender a bajos precios algunos de sus bienes para poder subsistir, comiéndose sus capitales.
Y, ¿quiénes van a aprobar esta injusticia? Muchos de los parlamentarios que se han enriquecido de maneras poco claras, a los cuales les tiene sin cuidado el pueblo al que representan. Este escenario no sólo produce sentimientos de miedo, frustración, incertidumbre y rabia, sino que, según lo ven psicólogos y psiquiatras en sus consultorios, «la mente empieza a obsesionarse con estos pensamientos y, de ahí a la depresión sólo hay un paso».
Lo mismo está sucediendo con el anuncio de la llamada «paz total», unida al desmantelamiento de las Fuerzas Armadas. Se apela a «la buena fe» del delincuente (no sé si de manera ingenua o calculada) y se le gradúa de interlocutor del gobierno.
¿Quién garantiza su vocación de retorno a la sociedad y abandono de la vida delictiva? En este escenario real, es inevitable temer que pueda ser una gigantesca operación de lavado, mientras el ciudadano que sí reconoce los límites de la ley, se ve acorralado en las calles o ve invadir sus propiedades, legítimamente adquiridas. Hay un ambiente de laxitud que es suficiente para que cualquier bandido se sienta más legitimado que nunca, ya sea para el control territorial de un barrio o para empezar a montar la multinacional de la coca. Todo esto se facilita sin glifosato, sin erradicación manual y sin quién controle la violencia. Hay suficientes razones para temer lo peor.
En los consultorios se escucha la angustia in crescendo del ciudadano que no aspira a ser empresario de la coca. Los violentos nos han colonizado espacios mentales de miedo, durante décadas. Otros, por el contrario, lograron colonizar espacios mentales de seguridad en la ciudadanía. ¿Qué quiere el presidente Petro?
