Dentro de los múltiples delitos abominables que se han venido cometiendo desde hace más de seis décadas por parte de los grupos narcoterroristas en el país, es el reclutamiento forzado de menores de edad, que han afectado a miles de familias colombianas porque han perdido a sus hijos que han sido raptados por estos desadaptados sociales. Los han convertido en instrumentos de guerra y están siendo utilizados para fortalecer sus estructuras criminales. Desde que se empezó la implementación del Acuerdo Renegociado de Paz nos ha permitido conocer el fondo verdadero de esta cruda realidad que ha venido soportando la sociedad colombiana. Y ahora, desde que asumió la presidencia de Gustavo Petro Urrego, nuevamente se han intensificado en algunas regiones del país, esta detestable práctica inhumana, que ha obligado a las familias a salir de los territorios donde operan estas organizaciones.
Inclusive, después de años de conflicto, de arrogancia, de discursos testarudos e irreflexivos, los líderes de las extintas Farc están reconociendo su error ante la JEP. Mostrando esperanzadoras señales de reflexión, varios miembros del viejo secretariado de las Farc decidieron cambiar de discurso. Pese a que en varias ocasiones los líderes del partido FARC han hecho declaraciones negando el reclutamiento forzado de menores de edad, los abortos forzados y justificando con artilugios retóricos el secuestro, ahora han vuelto a comprometerse con la verdad, justicia y reparación. Si bien los comunicados públicos, se convierten en un buen primer paso, lo más importante son los testimonios y la información que están brindando a este Alto Tribunal y que quedaron plasmados en el informe realizado por la Comisión de la Verdad, para conocer lo sucedido durante el conflicto armado.
Recientemente algunos gobernadores de los cabildos indígenas han denunciado ante las autoridades, que se siguen reclutando a sus menores de edad para ser vinculados a las organizaciones narcoterroristas, que inclusive se encuentran dialogando en las mesas de diálogos propiciadas por el gobierno nacional. Todos sabemos que este sistema, ha sido aprovechado por estas organizaciones criminales para seguir fortaleciéndose militarmente. Diariamente se están generando hechos de violencia, como el secuestro, extorsión, vacunas, hurtos, narcotráfico, asesinatos y masacres, entre otros, que tienen desesperados no solamente a las comunidades indígenas, sino a todas las familias colombianas, así el alto gobierno, diga lo contrario. La realidad es otra en los territorios.
Expertos vaticinan un aumento del reclutamiento forzado de menores, que es considerado una práctica execrable, con el fin de utilizarlos como escudos humanos. Frente a esta horrible conducta, hay que ser muy claros en que la responsabilidad recae por completo en los reclutadores. Es evidente que, en este frente, todos los esfuerzos deben dirigirse a la prevención. Y estos solo podrían ser efectivos si se apalancan en una presencia integral del Estado en los territorios donde existe riesgo de estos abominables actos delincuenciales.
