Luego de que la administración del presidente Gustavo Petro firmara la resolución que permitió designar como voceros de paz a siete jóvenes que fueron capturados durante las protestas del paro nacional en Colombia, las opiniones se han dividido. En esta oportunidad, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, rechazó la iniciativa y recordó las acciones de la fuerza pública a favor de los derechos humanos.
“Hay una narrativa que es incorrecta. Yo no sé en el resto del país, pero en Bogotá nadie está en una cárcel por haber participado en unas protestas. Yo dudó que la mitad los capturados verdaderamente pertenezcan a la primera línea, eran unos delincuentes, una gente que usó armas, que torturó personas, que las secuestró”, indicó la mandataria de los bogotanos.
Recordó además que durante el paro nacional había una tensión entre los miembros de la Policía Nacional y la ciudadanía que salió a las calles a manifestarse en contra del Gobierno de Iván Duque. “El 9 de septiembre de 2020, algunos policías masacraron a 13 jóvenes de Bogotá, los mataron e hirieron a bala a otros 20″, aseguró la funcionaria
Claudia López detalló que, incluso para solucionar esas confrontaciones fue necesario hacer un diálogo entre ellos y crearon programas para que los jóvenes tuviesen oportunidades de estudiar y trabajar. Aunque la labor de la fuerza pública también fue indispensable a la hora de “judicializar a quienes habían cometido delitos de derechos humanos” y entienden que su autoridad depende directamente de “la legitimidad que tiene con la ciudadanía”.
Empero, la alcaldesa cuestionó la figura de los voceros de paz después de que se hayan judicializado y condenado a los implicados. “¿Ahora los vamos a sacar? Entonces, ¿cuál es el mensaje a los jóvenes? ¿Qué lo que paga es delinquir? Te sacan, te dan plata, te dan oportunidades”, agregó.
Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, había explicado anteriormente que la medida es transitoria y pretende ayudar a los líderes juveniles que en medio de la protesta tuvieron un comportamiento que fue censurado por la justicia. Es así como el decreto establece una Comisión Intersectorial que evaluará cada uno de los casos para determinar quién queda en libertad, que en su mayor parte serían sindicados y no condenados.
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El jefe de la cartera del Interior y portavoz del Gobierno nacional, Alfonso Prada, también explicó en qué consistes las tres figuras que contempla la normativa: los gestores de paz, los gestores de convivencia y los voceros de paz. Los gestores de paz existen hace más de 20 años. Son escogidos por organizaciones o por el Gobierno nacional para apoyar las negociaciones como la que hubo con la extinta guerrilla de las Farc o la que actualmente se está ejecutando con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Los gestores de convivencia hacen parte de un proyecto del sistema de convivencia y pacificación que organizó hace cuatro meses el ministerio del Interior. El propósito es vincular a 100.000 jóvenes en situación de vulnerabilidad para “que nos ayuden en el cumplimiento de una labor: acompañar la conflictividad social”.
Finalmente, los voceros de paz es una nueva figura que se creó con la Ley 2272 de 2022 para que “personas privadas de la libertad tengan la posibilidad de salir de su reclusión porque tienen delitos menores”. Algunos de ellos habrían sido capturados durante el derecho a la protesta e incluso pueden ser campesinos, indígenas, etc.
