Es inaudito que la sociedad huilense esté viviendo la zozobra que soportó durante más de cinco décadas por el accionar terrorista de las Farc, y que con el Acuerdo Renegociado de Paz que firmó el presidente de la época, Juan Manuel Santos Calderón, nos permitió volver a recuperar la tranquilidad y paz en los territorios del país. Pero desafortunadamente desde que asumió el poder el primer mandatario de los colombianos, Gustavo Petro Urrego, empezó a ser laxo con todas las organizaciones narcoterroristas del país y grupos delincuenciales, ocasionando un incremento exponencial de la criminalidad. Lo sucedido recientemente en la ciudad de Neiva, donde las disidencias de esta organización subversiva asesinaron cobardemente a una integrante de la policía nacional prendieron las alertas con el tenebroso plan pistola, cuyo anuncio de este grupo narcoterrorista de las disidencias de las Farc, fue difundido ampliamente por los diferentes medios de comunicación.
La patrullera de 28 años, Paula Cristina Ortega Córdoba fue asesinada el miércoles anterior por dos sicarios, recibiendo cinco disparos en su cuerpo con arma de fuego, al ser atacada de manera repentina. Gracias a la reacción oportuna de los organismos de seguridad, cuando los asesinos se dirigían a la zona rural hacia el oriente de la ciudad, fueron interceptados y capturados por la Policía en zona rural de Neiva, en el corregimiento San Antonio de Anaconia. Ayer fueron legalizadas sus capturas y enviados a un Centro Penitenciario. Desde todo punto de vista, es totalmente repudiable y rechazable esta actitud demencial de estos grupos narcoterroristas, quienes han anunciado que seguirán con esta amenaza contra la Fuerza Pública y la población civil.
Los hechos sucedidos en la capital del departamento del Huila y las declaraciones entregadas por dichos asesinos a los organismos de seguridad, así lo demuestran. No podemos doblegarnos ante estas mentes irracionales. La ciudadanía en general debe rodear a la Fuerza Pública y a los soldados de la patria. No podemos entregarle este país a los violentos. Así el gobierno nacional pretenda imponer ese sofisma de distracción de la fracasada política pública de la Paz Total, la sociedad en general debe reaccionar y proteger la institucionalidad colombiana de este esperpento político, que solo busca darles un mayor empoderamiento a las mafias del país.
Mientras el presidente Gustavo Petro Urrego, empiece a vivir su calvario por las denuncias de su propio hijo Nicolás ante la Fiscalía y que se encuentra detenido y rindiendo cuentas ante la justicia, por el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial que lo llevó a la presidencia y que ha prendido el ventilador descubriéndose el más grande cartel de los lunáticos del presente siglo, que contribuyeron a financiar dicho proceso electoral. Esto apenas está iniciando. Pero no podemos desviar la atención del grave problema de orden público que está viviendo las regiones colombianas.
