Durante la etapa del conflicto armado, la sociedad colombiana padeció el peor viacrucis de violencia durante más de 5 décadas, producto del irracional accionar narcoterrorista de grupos insurgentes y de paramilitares, en algunas regiones del país. Firmado el Acuerdo Renegociado de Paz con las Farc, se empezó a recrudecer el asesinato inmisericorde y amenazas a los líderes sociales. Es preocupante para las autoridades el índice de muertes durante los últimos tres años. Además, se continúa con la crisis en el país, por la persecución de estas personas que solo buscan reivindicar las luchas populares para que el gobierno nacional atienda sus peticiones para superar el atraso y la pobreza en que se encuentran sumidas sus comunidades.
Los defensores de derechos humanos y los líderes sociales se encuentran en la mira de los grupos narcoterroristas y del accionar delincuencial de grupos privados que están afectando la sana convivencia de estas comunidades, que han sido víctimas de esta violencia absurda. Pero numerosas personas siguen muriendo asesinadas en Colombia, por diversos factores que están colocando en vilo la verdadera reconciliación nacional. Estos están aumentando cada vez más, pero la capacidad institucional del Estado ha sido inferior para contrarrestar este flagelo y las investigaciones sobre las causas no avanzan a buen ritmo.
En nuestro departamento, no solamente los líderes sociales han sido objeto de amenazas, otros fueron asesinados, entre los que se encuentran excombatientes reinsertados, líderes ambientalistas, activistas políticos, quienes hacen parte de la lista de amenazados y asesinados en la región. La triste realidad es que siguen siendo amenazados por actores enemigos de la sana convivencia y de la paz.
Lo anterior, se convierte en un panorama desalentador para el papel desarrollado por los líderes sociales. Los actos de violencia contra este colectivo se están volviendo algo sistemático. Realmente estos hechos violentos buscan debilitar el tejido social, atomizan los lazos de confianza entre la población, que son los que a la larga hacen posible no solo convivir, sino alcanzar mejoras y garantizar que prevalezca el interés general sobre el particular. Su protección es fundamental para contener la embestida del crimen organizado. Se amenaza seriamente, nada menos que la posibilidad de un futuro en el que se destierre la violencia y sea posible la convivencia pacífica entre colombianos, gracias a la prevalencia del Estado de Derecho.
Es indispensable que el Estado estructure estrategias concretas para este importante sector de la sociedad colombiana, que con su accionar y sus palabras y la emoción, que éstas transmiten, tienen pleno sustento en una realidad que pide a gritos acciones concretas para protegerlos y que permitan avanzar en la senda de una protección real y efectiva de los líderes.
