No cesan las invasiones a las propiedades privadas en algunas regiones, generando un panorama desalentador en el desarrollo de las actividades económicas en las áreas de influencia donde ocurren estos eventos de facto. Igualmente, la sociedad colombiana, se encuentra muy preocupada por las alteraciones del orden público en algunas regiones del país. Por un lado, algunas organizaciones indígenas, desde que se posesionó el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, han empezado a bloquear algunos sitios estratégicos en algunas vías del país. Igualmente han empezado a invadir tierras y a destruir fincas con la mirada indiferente del gobierno nacional, que están generando conflictos entre los trabajadores de estas unidades productivas y los invasores. En el Cauca lo han denominado recuperación de la madre tierra a la invasión de tierras, que están generando destrucción a los cultivos cañeros.
Pese al llamado al diálogo por parte del primer mandatario de los colombianos y su equipo de trabajo, los tropeles, entre comunidades nativas y diferentes sectores, se han multiplicado. Inclusive se han visto involucradas en los choques la población afro, que han empezado a bloquear diferentes vías para que los indígenas no entren a las fincas y los dejen trabajar. El fenómeno de personas que irrumpen en predios para instalar en ellos cambuches y exigir que se les acredite su propiedad está creciendo en el país. El asunto es particularmente crítico que viene de tiempo atrás en el Cauca, pero que también se han registrado casos en 8 departamentos. Para nadie es un secreto, y así lo han confirmado quienes han protagonizado y liderado estas irrupciones en propiedades privadas, que anuncios hechos en la campaña electoral y durante el inicio del nuevo gobierno en el sentido de avanzar hacia una redistribución de la tierra han alimentado un clima de ansiedad y expectativa en el que abunda la desinformación y en el que no pocos inescrupulosos ven un río revuelto en el cual pescar.
Lo anterior está siendo aprovechado por los mercaderes de la tierra, comúnmente denominados tierreros, quienes están usufructuando de estos hechos delincuenciales. En la mayoría de los municipios del país, se han conformado durante décadas algunas bandas delincuenciales para dedicarse al robo y enajenación de predios urbanos y rurales, aprovechando las necesidades de la población para acceder a una vivienda. Todos conocemos que el Estado ha sido impotente para satisfacer la demanda habitacional. A través de los medios de comunicación, se observan imágenes desgarradoras, cuando las autoridades toman la decisión de recuperar los terrenos que han sido invadidos de manera ilegal, a través de engaños y triquiñuelas de estas organizaciones criminales, que se aprovechan de algunos sectores más vulnerables. El Estado debe actuar, ya sea con un diálogo que lleve a desalojos o por aplicación de la autoridad.
