Día tras día, los medios de comunicación están difundiendo noticias relacionadas con el abuso sexual a los menores de edad, considerado uno de los delitos más abominables que se cometen contra este segmento de edad, cometidas por personas depravadas que no miden sus comportamientos hacia estas indefensos menores de edad que apenas están empezando a conocer y a vivir la vida. La lucha contra todas las formas de violencia ejercida contra niños, niñas y adolescentes no debe tener tregua. Es de esos imperativos morales y éticos que una sociedad debe arrogarse a fondo si quiere sobrevivir como tal. Los sucesivos hechos que retratan las vejaciones a las que han sido sometidos miles de menores, ya sea en entornos familiares o escolares, merecen la condena y el repudio generalizado. Y cualquier acción que se emprenda para minimizar esos riesgos tiene que ser respaldada sin ambages.
El mensaje debe ir a la sociedad y a los padres en general, que tienen que estar atentos a situaciones de acoso que vulneren a sus hijos e hijas. Buena parte de las conductas de acoso y abuso sexual en entornos escolares tiene que ver con lo que se denomina acertadamente sobre estos horrendos comportamientos, como la normalización de ciertos comportamientos: insinuaciones, tocamientos, revelación de fotos privadas, modificar una calificación a cambio de un favor íntimo. Todo ello constituye una forma de agresión sexual que debe ser frenada en seco.
No solamente ocurren en ambientes escolares. También en los entornos familiares, la crisis de acoso y abuso sexual en el país no tiene solución sencilla por una ausencia de normas acompañada de la incapacidad de las autoridades para tomar medidas apropiadas. Nada muestra más la disyuntiva como lo que está ocurriendo en el departamento del Huila, a pesar de tener más de un centenar de denuncias en los despachos judiciales. Los sindicados se pasean libremente por las vías públicas, protegidos por la inanición de la justicia. En el caso de los estudiantes es aún más complicado, pues las directivas de los colegios no están capacitadas en acciones para responder a estas situaciones.
Durante años, el acoso y el abuso sexual dentro de los colegios y en los hogares han sido una violencia que se silencia, se esconde o se minimiza. Ahora que por fin salen a relucir los casos, solo estamos viendo la punta del iceberg y las instituciones se chocan con los vacíos normativos. No es tan sencillo como pedir que todos los casos sean tramitados por la Fiscalía, ya que el sistema penal está colapsado, los casos de violencia sexual suelen estancarse por dificultades probatorias y los operadores judiciales no están capacitados para llevar este tipo de procesos. Necesitamos que la sanción administrativa sea prioritaria y eficiente.
