Por Juan Pablo Liévano
Las últimas semanas han sido de mucha preocupación para los demócratas del país. Hemos visto cómo el Gobierno nacional realiza actos y afirmaciones que destruyen y no construyen. Significa que no tenemos o no existe en Colombia un jefe de estado. De hecho, desde el Gobierno, se está minando uno de los principios insignia de la democracia, cual es la separación de poderes. De no creer, pues un jefe de estado debe cumplir un rol integrador y protector de las diferentes ramas del poder público y de la institucionalidad. Además, debe llamar a la cordura, la razón, el diálogo, la fraternidad y el trabajo armónico entre las diferentes ramas del poder público y la ciudadanía. Recordemos que, en Colombia, el jefe del gobierno y el jefe de estado son la misma persona. El presidente lleva dos sombreros y es clave distinguir y saber para qué son y cuando se usa el uno o el otro. el presidente debe gobernar, respetando la institucionalidad y las normas, y para entregar un país mejor del que recibió. Es deber del jefe de estado pensar en un mejoramiento continuo a largo plazo, así su mandato sea solo de cuatro años. Para ilustrar todas estas desastrosas e inaceptables conductas hay varios ejemplos. La separación de poderes requiere la aprobación del presupuesto general de la nación por parte del Congreso. El presupuesto también exige bastante nivel de detalle para no dejar rubros indefinidos. A pesar de ello, a nuestro jefe de estado le importaron un pito las reglas presupuestales y las vigencias futuras. Organizó partidas de libre disposición, en perjuicio de proyectos ya aprobados y en ejecución. Por otro lado, a nuestro jefe de estado no le importa o no le interesa la opinión de la burocracia técnica, funcionarios de carrera administrativa o que, sin serlo, han trabajado en muchos gobiernos. Son la argamasa que mantiene la estructura del estado y de la razonabilidad técnica de las administraciones. Ellos defienden el interés genuino del estado, cumplen con la ley y se desligan de los intereses coyunturales y dogmáticos del gobierno incumbente. Al de turno no le gustan estos funcionarios que saben, sino los que le obedecen. Le incomodan las reglas y el sustento técnico, por lo que salieron varios. También ha decidido modificar por decreto asuntos como el régimen de responsabilidad de los administradores societarios, abusando de su facultad reglamentaria y usurpando competencias del legislativo, conducta recurrente en otros campos. Se inventa la teoría del golpe blando, simplemente para victimizarse y disfrazar la incompetencia. No, no es un golpe, simplemente cada institución está cumpliendo con sus deberes. Presiona a las otras ramas del poder público, a través de movilizaciones y marchas, lo que es una conducta reprochable e indigna de un jefe de estado. Y por si faltara algo más, con sus declaraciones, casi tildó de mentiroso al presidente de la Corte Suprema de Justicia, pues sí hubo un bloqueo a la Corte, totalmente inaceptable, auspiciado y minimizado desde la Casa de Nariño. La conclusión es que no tenemos jefe de estado y el país está a la deriva.
