La Procuraduría General de la Nación dijo que la resolución se convierte en un incentivo perverso y peligroso para propiciar, promover y permitir la pesca ilegal.
En las últimas horas la Procuraduría General de la Nación remitió observaciones a los ministerios de Ambiente, Agricultura y a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), sobre la controvertida resolución que incluye a por lo menos 15 especies de tiburones y rayas marinas como recurso pesquero en el país.
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Y es que según indicó la entidad a través de la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, la resolución vulnera el principio de la no regresión en materia ambiental. “Es alarmante y muy preocupante que el país retroceda en materia de protección y conservación de la biodiversidad, volviendo a permitir el aprovechamiento pesquero de unas especies que se encuentran en grave riesgo de desaparecer», indicó la Procuraduría.
Así las cosas, la Procuraduría aseguró también que la resolución desconoce el artículo 80 de la Constitución Política, el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica de Río de Janeiro y el decreto único reglamentario 1076 de 2015.
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Finalmente, el Ministerio Público afirmó que dicha resolución tiene «efectos totalmente desproporcionados» frente a la finalidad que persigue, indicando que si el objetivo de la norma es garantizar la seguridad alimentaria de las poblaciones de pescadores artesanales y ancestrales, «resulta completamente desproporcionado poner en grave riesgo 15 especies amenazadas y en peligro de extinción para garantizar la seguridad alimentaria producida por la pesca incidental«.
