En medio de una intensa polémica, el proyecto de decreto presentado por el Ministerio de Hacienda ha desencadenado fuertes reacciones en la opinión pública esta semana. El documento propone otorgar al presidente Gustavo Petro la facultad de intervenir directamente en el presupuesto de inversión, permitiéndole aprobar las vigencias futuras sin necesidad de pasar por el Congreso.
En respuesta a las críticas, el presidente Petro afirmó en la noche del martes que «solo hay dos poderes constitucionales sobre el Presupuesto Nacional: el Congreso, que dicta la ley, y el Presidente, que propone la ley y la ejecuta. Ambos poderes públicos de elección popular». El mandatario cuestionó si los opositores están dispuestos a dejar que el presupuesto sea determinado por «poderes no electos» y si proponen «acabar con la democracia».
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El proyecto de decreto, publicado para comentarios, establece que los proyectos de inversión, entidades y vigencias futuras incluidos en el Presupuesto General de la Nación 2024 deberán contar con la conformidad del Presidente de la República. Esta propuesta modificaría el decreto 1068 de 2015, generando críticas de líderes empresariales, exministros y exdirectores de entidades estatales.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi y del Consejo Gremial, expresó su rechazo, argumentando que la «subjetividad en el cumplimiento de los compromisos del estado trae nuevamente incertidumbre y preocupación sobre el riesgo que implica tenerlo como contraparte».
Por su parte, el exministro de Hacienda y Comercio, José Manuel Restrepo, señaló que el mecanismo propuesto «no se necesita» y que ya existen instancias suficientes como las reuniones del Conpes o el Confís. Además, considera que este nuevo mecanismo «agrega un paso más a la dinámica de ejecución presupuestal y de vigencias futuras, ralentizando el proceso del ejecutivo de manera innecesaria». La propuesta ha avivado el debate sobre la distribución de poderes y la eficiencia en la toma de decisiones en el ámbito presupuestario.
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