Ernesto Cardoso Camacho
Con el trámite del presupuesto 2025 y de la llamada ley de financiamiento, que no es otra cosa que la segunda reforma tributaria en apenas dos años del gobierno Petro, el congreso ha comenzado a mostrarle los dientes al ejecutivo, pulso normal en una democracia regida por un Estado de Derecho.
El mandato constitucional que exige la colaboración armónica entre las diferentes ramas del poder público, no excluye que cada una se exprese con la necesaria y suficiente autonomía e independencia, pues de esta manera se ejercita el balance democrático o equilibrio de poderes, aunque cada uno siempre tiene la responsabilidad de concurrir a los fines del Estado.
El fuerte presidencialismo que caracteriza el régimen político colombiano ha sido utilizado por los diferentes gobernantes como una presión eficaz para obtener, a punta de mermelada, la aprobación de los principales proyectos de ley que son iniciativa del ejecutivo, tal como ocurre con el presupuesto; pero de ninguna manera, con el tema tributario que si bien es cierto tiene iniciativa del gobierno, el Congreso ejerce allí su plena independencia y autonomía.
Ya estamos presenciando el fuerte pulso político que en el presenta caso también contiene un ingrediente ideológico. Las comisiones tercera y cuarta tanto de senado como de cámara, las cuales tienen la competencia en estas materias económicas; están decidiendo la reducción en el aforo del presupuesto proyectado por el gobierno en 523 billones de pesos, donde las conjuntas del senado han logrado reducir tal aforo en 23 billones, mientras que las de cámara han negado dicha reducción; hecho que conducirá, inevitablemente a que el gobierno acuda a su competencia constitucional de aforarlo en la cifra propuesta de 523 billones por decreto.
Desde luego, el pulso regresará al congreso, en tanto que quedaría desfinanciado en cerca de 23 billones, hueco fiscal que el gobierno pretende cubrir con la reforma tributaria calculada inicialmente en 12 billones. Aún así, quedaría un faltante de 11 billones de acuerdo a la cifra estimada por las comisiones del senado.
Como se observa, el pulso tiene un alto contenido político e ideológico, dado que la oposición ha cerrado filas en el senado y aún en la cámara para negar el proyecto de reforma tributaria, por considerar con acertado criterio que esta es regresiva frente a la imperativa necesidad de reactivación económica; por ser la segunda en menos de dos años del gobierno Petro; pero con un argumento contundente adicional; referido a que la muy baja ejecución del presupuesto actual del 2024; el evidente despilfarro y los recurrentes escándalos de corrupción; no permiten confiar en las justificaciones aducidas por el ejecutivo. Si hay algo muy sensible para los ciudadanos es el tema tributario que siempre genera escozor cuando le incrementan los impuestos.
En estas circunstancias es claro que el decreto que fije el monto global del presupuesto podrá ser ejecutado durante la respectiva vigencia fiscal. No obstante, si la ley de financiamiento o nueva reforma tributaria es negada por el congreso, es evidente que tal presupuesto quedará desfinanciado y ello obligará al gobierno a realizar los ajustes o recortes del gasto para equilibrar los ingresos con los gastos, una de las exigentes características del tema presupuestal. Por otra parte, existe una obligación adicional para el ejecutivo y esta se relaciona con el cumplimiento de la regla fiscal, la cual busca mantener los niveles adecuados del gasto, los lineamientos de la política macroeconómica, y en general la sanidad fiscal del Estado donde el gasto, la deuda pública y los niveles de inflación son determinantes para calificar la responsabilidad del gobernante.
De esta manera es fácil concluir que el gobierno Petro se enfrenta a serias dificultades cuando ya inicia el segundo tiempo de su mandato, pues las expectativas generadas fueron muchas y las realidades tienden a generar frustración, teniendo cercano el relevo democrático del congreso en marzo y la presidencia en mayo y junio del 2026. Ello seguramente se refleja en los recientes sondeos de opinión.
Como dice el refrán popular “ hay otra pata que le nace al cojo”. Ello se refiere a tres hechos que juegan en este escenario del pulso político e ideológico.
El primero consiste en que este próximo lunes 16 se ha fijado fecha para que los 9 magistrados del C.N.E, voten a favor o en contra de la ponencia elaborada por Prada y Ortíz, mediante la cual le formulan cargos a la campaña de Petro; donde al parecer involucran la persona del candidato hoy presidente, quien sin duda alguna no puede ser investigado ni menos aún ser objeto del pliego de cargos de una autoridad administrativa como lo es el C.N.E, así esta tenga origen constitucional. Dicha competencia de investigar y enjuiciar al presidente, en virtud del fuero constitucional, es exclusiva del congreso a través de la Comisión de “absoluciones” y eventualmente del Senado que lo podría declarar indigno y su responsabilidad penal la definiría la Corte Suprema de Justicia. En este tema ha existido mucho ruido y seguramente habrá pocas nueces.
El segundo hecho relevante es sin duda el avance del juicio político al expresidente Uribe, quien ejerce eficazmente su papel de juicioso opositor a las políticas del presidente Petro.
Y el tercero, lo que finalmente ocurra con el tirano Maduro pues en buena parte para la paz total de Petro, el que se quede o se vaya, tendrá importantes consecuencias. Y quizás, con la cercanía del 6 de noviembre próximo, la elección presidencial en Estados Unidos, podría constituir un cuarto hecho con sus propias consecuencias en la dinámica política nacional e internacional.
