La Superintendencia de Transporte ha intensificado sus labores de inspección, vigilancia y control en el sector del transporte terrestre automotor de carga, logrando requerir a 3.023 empresas por presuntos incumplimientos normativos y fallar 1.483 investigaciones en primera instancia, con sanciones que ascienden a más de $40 mil millones.
Por su parte, la superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina Arias, resaltó que “estamos comprometidos con garantizar que el servicio público de transporte terrestre automotor de carga en Colombia se preste bajo los más altos estándares de legalidad y equidad. La implementación de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de nuestros procesos de inspección y control son pasos cruciales para asegurar que las empresas cumplan con las normativas vigentes, protegiendo así a los usuarios y fomentando una competencia justa en el sector”.
En cumplimiento del artículo 2.2.1.7.6.2 del Decreto 1079 de 2015 y de la Resolución 757 del mismo año, así como de los artículos 29 y 65 de la Ley 336 de 1996, la Superintendencia ha desplegado el Sistema de Información de Requerimientos (SIR-ST), una herramienta que optimiza la recolección de datos y evidencias, facilitando el seguimiento de las obligaciones normativas de las empresas del sector.
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Hasta la fecha, la Súper-transporte ha requerido a 1.138 empresas que presuntamente han incumplido con el régimen de relaciones económicas y con los mínimos establecidos por el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICETAC), según los reportes del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC) correspondientes a 2022.
Sumado a este requerimiento masivo y como producto de otras actuaciones administrativas desplegadas, se han abierto 257 investigaciones por el no suministro de información, además del incumplimiento de la normatividad vigente en la materia, las cuales se encuentran en diferentes etapas del proceso administrativo sancionatorio. También se adelantan labores para establecer los diferentes escenarios y acciones a desplegar conforme la reincidencia de las empresas durante las vigencias 2023 y 2024.
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