Jorge Iván Galindo Casanova, alias ‘Cabezón’, buscó acreditarse como indígena, ahora la Fiscalía lo investigará pues no acreditó este arraigo.
REDACCIÓN JUDICIAL, NEIVA
CARLOS ANDRÉS PÉREZ TRUJILLO
Hace dos años fue condenado a 16 años de cárcel Jorge Iván Galindo Casanova, por la conducta punible de tráfico de droga que desarrollaba en los departamentos de Huila, Putumayo, Caquetá y Cauca.
Sin embargo, él elevó una solicitud al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva, con el fin de que se le reconociera como indígena y se le trasladara al Centro de Armonización del Cabildo Indígena de Guadualito, Cauca, como comunero del Resguardo Indígena Awa de Inda Sabaleta de Tumaco, Nariño.
Esta solicitud la negó este despacho, razón por la cual interpuso el recurso de apelación, de manera subsidiario ante el Tribunal Superior de Neiva, contra el auto proferido el 26 de mayo de 2022 que negó el traslado.
La decisión del Tribunal
En días pasados el Tribunal resolvió este asunto confirmando la decisión inicial que negó el traslado, y además, le lanzó una advertencia: “ordenar que por la Secretaría de esta Sala de compulsen las copias pertinentes de esta actuación, ante la Fiscalía General de La Nación, para que se investiguen las posibles conductas irregulares, y a quienes en ellas hayan intervenido, y estudie si resulta procedente la acción penal en relación con la situación ventilada, esto es, en torno de la acreditación de Jorge Iván Galindo Casanova, en calidad de comunero activo, perteneciente al Resguardo Indígena Awa Inda Sabaleta, que se advierte cuestionable, de conformidad con lo analizado en la motivación”.
Para el despacho, genera muchas dudas lo expuesto por Galindo Casanova, en el sentido de que “no se aprecia por lado alguno que Jorge Iván Galindo Casanova hubiere nacido, vivido, pertenecido o trasegado activamente en dicha comunidad indígena, en razón de sus lazos consanguíneos, familiares o algún otro tipo de vínculo legal, situación que se advierte mucho más alejada de la realidad si en cuenta se tiene que los hechos originarios de esta causa sucedieron entre abril de 2016 y 2018 en los departamentos de Caquetá, Huila, Putumayo, Valle, Cauca, entre otros, es decir, ni siquiera sucedieron en lugares o poblaciones cercanas o aledañas al municipio de Tumaco –Nariño en donde se encuentra afincado el tantas veces mencionado resguardo indígena”, recalcó.
Para el togado, no es posible que si nació en Florencia (Caquetá), y contaba para la fecha de los hechos con asiento actual en otro lugar, esto es, en el barrio Guaduales de la ciudad de Cali, donde igualmente poseen arraigo su grupo familiar, “cómo es que ahora y después de proferirse la sentencia condenatoria en su contra y en fase de ejecución punitiva, aparezca como integrante y miembro de una comunidad ancestral, como la del Resguardo Indígena Awa Inda, que no tiene domicilio en el lugar donde nació, menos en donde en sus últimos años o mayor parte de su vida se ha desenvuelto, social, económica y culturalmente, aspectos que examinados desde el ángulo geopolítico son bien diversos a los certificados por el reciente gobernador indígena que afirma que el condenado ha residido en su resguardo desde hace cinco años”.
Por su parte Galindo Casanova, a través de su defensor, aseguró que él sí pertenece al Pueblo Awa conservando sus usos y costumbres, reconocido como indígena por la autoridad de ese cabildo Awa de Inda Sabaleta, lo cual es certificado en el censo poblacional indígena suscrito por esa misma autoridad cultural. Sostiene, además en el expediente del proceso, que toda vez que el Cabildo Indígena de Inda Sabaleta no cuenta con sitio propio de reclusión para sus indígenas infractores de la justicia ordinaria, suscribió convenio con el Cabildo Indígena de Guadualito de Santander de Quilichao (Cauca) que sí posee el Centro de Armonización de igual nombre, ubicado en La finca La Melisa.
El trámite de este proceso
El expediente señala que en las diligencias del 22 de enero de 2021, Galindo Casanova resultó condenado por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Neiva, a las penas pre acordadas de 202 meses más 20 días de prisión y multa de 8.914.66 smlmv, al ser hallado penalmente responsable del ilícito de concierto para delinquir para cometer delitos de tráfico, fabricación, o porte de estupefacientes, drogas tóxicas o sustancias sicotrópicas.
Para esa fecha quedó claro también que no era merecedor de la suspensión de la pena o la medida de prisión domiciliaria.
‘Los del sur’, la banda que traficaba droga
En febrero de 2021 fueron condenados los cuatro integrantes de la peligrosa banda ‘Los del sur’ dedicada a traficar droga en el Huila, Caquetá, Putumayo y Cauca. Las sanciones van de 15 a 17 años de cárcel y multas de 8 mil millones de pesos.
En su momento el preacuerdo se dio ante el Juez Primero Penal Especializado de Neiva con Funciones de Conocimiento, quien señaló en ese momento: ““Tratándose de la terminación anticipada del proceso, el examen de los elementos de juicio acopiados es menos exigente y no requiere de una profunda comprobación probatoria”.
Los procesados
Los integrantes de esta banda delincuencial son: Edgar Núñez Guzmán, Yeison Andrés Núñez Chates, Jorge Iván Galindo Casanova y Luis Eduardo Osorio Sánchez, quienes, de acuerdo con la versión de la Fiscalía se asociaron para transportar y vender en grandes cantidades base de cocaína entre el 2016 y 2018.
El juez condenado a Núñez Guzmán, a la pena de 17 años 2 meses 20 días de prisión, adicional a una multa de $6 mil molles; Galindo Casanova fue sentenciado a 16 años 10 meses y 20 días de cárcel y una de multa de 8.914,66 s.m.l.m.v, ($8.099.200.391,16); Núñez Chates, fue condenado a 16 años 2 meses más 20 días de prisión y multa de 5.290,66 ($4.806.702.167,16 y Osorio Sánchez fue condenado a 15 años 6 meses y 20 días de cárcel y una de multa de 5.290,66 s.m.l.m.v., ($4.806.702.167,16).
La desarticulación de una banda
Los del Sur era una peligrosa banda delincuencial que fue desarticulada luego de dos años de trabajos de investigaciones, interceptaciones telefónicas, entrevistas y trabajos de inteligencia militar, que iniciaron con la incautación de un cargamento de base de coca el 11 de mayo de 2016.
Según los audios que se revelaron en las audiencias, el seguimiento se inició con base en un informe de inteligencia realizado por la Novena Brigada del Ejército, quien da a conocer la actividad de una organización criminal.
En su momento el fiscal del caso señaló que se trataba de “una organización debidamente estructurada, dedicada al narcotráfico, que estaría comprometida con el transporte de cocaína…”. Efectivamente, tiempo después se pudo probar que transportaban el alcaloide en caletas acondicionadas en camiones, camperos y buses. Burlaban la seguridad y en la zona industrial de Neiva la almacenaban para luego distribuir en diversas regiones del país.
Una de las incautaciones se registró el 16 de abril de 2016, para esa fecha se detuvo un cargamento de 110 kilos de coca, siendo capturado Hugo Torres Vásquez, de 32 años de edad.
El rol de Casanova
De acuerdo con las investigaciones ventiladas en las audiencias condenatorias, Jorge Iván Galindo Casanova, era socio y colaborador de la organización, participaba junto a su tío Edgar Núñez Guzmán: “Conocía su destino final, se encargaba de estar pendiente de la rutas que cubrían los vehículos que se acondicionaban para transportar sustancias estupefacientes y en el momento de ser descubiertos los cargamentos por la Policía se mantenía al tanto de lo que iba ocurriendo”, aseguró en su momento la Fiscalía. Además señaló: “daba indicaciones al abogado para que cuando se entrevistara con ellos supieran que decir para poder recuperar los vehículos y que los demás integrantes de la organización no fueran vinculados a los procesos penales por dichos hechos”.
