DIARIO DEL HUILA, PRIMER PLANO
Aunque las protestas posteriores a la destitución de Pedro Castillo -tras su intento de disolver el Congreso el pasado diciembre- han amainado en gran parte del país, las regiones sureñas de Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cuzco y Puno son el escenario constante de bloqueos de carreteras, marchas y enfrentamientos. El gobierno decretó el estado de emergencia, pero la violencia continúa.
En el último episodio, al menos 17 personas murieron y 68 resultaron heridas en los choques que se produjeron entre policías y manifestantes en torno al aeropuerto de Juliaca, en el departamento de Puno, lo que acerca al medio centenar la cifra de muertos desde que comenzaron las protestas.
«Desde el gobierno no estamos generando la violencia y la muestra de ello es que en Puno hay policías que están heridos», declaró Boluarte.
Para el analista arequipeño Gonzalo Banda, «los muertos que hemos visto en Puno en las últimas horas pueden ser un disparador para una mayor radicalidad de las protestas», lo que complicaría aún más el ya candente panorama peruano.
Las regiones de Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cuzco y Puno forman la llamada sierra sur de Perú y en ellas abunda la población quechuahablante, de extracción humilde y dedicada mayoritariamente a la agricultura, que vio en la llegada a la presidencia de Pedro Castillo el ascenso al poder central de uno de los suyos.
Hernán Chaparro, director del Instituto de Estudios Peruanos, dijo que «son regiones en las que Castillo obtuvo una alta votación y hubo una gran identificación con un presidente que por primera vez era un campesino».
Chaparro explicó que, con el tiempo, a medida que las investigaciones e informaciones en su contra se acumulaban, «se impuso en gran parte de su electorado en estas regiones la idea de que a Castillo no lo dejaban gobernar, una idea que vieron confirmada cuando el Congreso votó por su vacancia».
El experto subrayó que «mientras en Lima se reprochaba a Castillo la mala gestión y la sombra de la corrupción, en estas regiones el reproche era que no había convocado una asamblea constituyente ni cumplido otras promesas radicales que hizo en la campaña electoral».
Pero existen otros antecedentes históricos más recientes como el «Arequipazo», las protestas en Arequipa que en 2002 frustraron el intento del gobierno de Alejandro Toledo de privatizar dos empresas públicas de energía; o el «Aimarazo», las protestas de la población aimara que estallaron en 2011 contra las concesiones mineras del gobierno de Alan García a empresas canadienses.
Para Gonzalo Banda, la historia demostró que «los intentos más serios de poner en cuestión al estado peruano y los planes de la élite limeña llegaron desde el sur».
La flaqueza del Estado contrasta con la amplia presencia de compañías extranjeras que explotan las riquezas minerales que abundan en el Perú meridional.
«Han mejorado muchos indicadores y ha habido mejoras en los ingresos, pero no se ha avanzado en institucionalidad. Se ve que sale mucha riqueza y sigue sin haber suficientes escuelas u hospitales», indicó Banda.
Chaparro señala que el problema «tiene raíces históricas diversas, con toda una cultura andina que en Perú no está bien integrada y que sufre el racismo inmenso que hay en el país. En el sur se sienten excluidos y con derecho a un mayor reconocimiento».
En ese contexto, pudo tener eco el lema de campaña de Castillo de «no más pobres en un país rico».
