Juan Pablo González fue acusado de haber amenazado con un cuchillo a Hilary en la estación de Transmilenio La Castellana, al norte de la ciudad, el pasado 31 de octubre. El sujeto despojó a la joven de sus pertenencias y la obligó a practicarle actos obscenos. Luego de la denuncia pública que hizo la menor a través de sus redes sociales, fue capturado el sábado 5 de noviembre.
Un día después de su captura, el domingo 6 de noviembre, siendo las 4:40 de la tarde, Juan Pablo González fue hallado sin vida al interior de su celda. A pesar de que, inicialmente, se hablaba de un posible suicidio, más tarde salió a la luz pública que el sujeto tenía numerosas contusiones en diferentes partes de su cuerpo. Luego, el martes, 8 de noviembre, los resultados de la necropsia practicada por el Instituto Nacional de Medicina Legal al cuerpo del sujeto confirmaron que la muerte se generó producto de un homicidio.
Sin embargo, ahora una de las nuevas versiones que estarían manejando las autoridades indica que, Juan Pablo González, el presunto abusador de la menor de edad Hilary Castro, habría sido asesinado luego de que un grupo de seis hombres, le propinaran una golpiza hasta causarle la muerte. Según el relato de un testigo que, al parecer, presenció los hechos que ocurrieron el pasado sábado 6 de noviembre al interior de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda; antes de que Juan Pablo llegara a ser recluido en los calabozos de este lugar, ya le tenían preparada una “bienvenida”.
Este acto no era otra cosa más que darle puños y patadas en rechazo a la agresión que generó en contra de la menor de 17 años. El testigo reveló que la “bienvenida” estaba siendo dirigida por “los Caciques” o “los Plumas” que, al igual que los otros presos, estaban en condición de detención. Estos mismos, al parecer, también serían los encargados de administrar el acceso a la comida, las extorsiones al interior de este centro de reclusión transitorio y los aparentes nexos que sostenían con los custodios del lugar. Esta nueva versión de los hechos está siendo analizada por la Fiscalía General de la Nación, por lo que no ha habido un pronunciamiento oficial respecto al procesamiento de los posibles homicidas.
Es así como, la Policía Metropolitana de Bogotá dio a conocer el pasado jueves, 10 de noviembre, que apartó de sus funciones provisionalmente a cinco uniformados que estaban a cargo de la custodia de Juan Pablo González al interior de la URI de Puente Aranda. A su vez, la institución señaló que dio apertura de casos disciplinarios en contra de estos policías para determinar su posible responsabilidad en este caso. Esta decisión se anunció de manera pública por medio de las redes sociales de la Policía Nacional, quien aseguró que respetará el debido proceso de los implicados en este homicidio.
“La Policía Nacional, como garante de los derechos humanos, seguirá siendo respetuosa del debido proceso, que incluye la presunción de inocencia, pero al mismo tiempo rechaza de forma categórica cualquier acción u omisión de quien se aparte de los preceptos consagrados en la Constitución Política y las leyes de la República”, resaltó la misiva publicada por la institución.
Finalmente, es importante aclarar que el sujeto ya tenía otros procesos judiciales por realizar prácticas similares en vía pública. Por esta razón, le habían puesto medida de aseguramiento, mientras seguía su proceso judicial por los delitos de acceso carnal violento en concurso heterogéneo con hurto calificado y agravado a título de dolo en calidad de autor.
