Suspendieron convenio de actualización catastral. Luego de la demanda interpuesta por el Ministerio Público al convenio 2105 de 2023, el Tribunal Administrativo del Huila decidió decretar como medida cautelar su suspensión. La firma del documento estuvo llena de controversias y beneficiaría a “El Turco” Hilsaca.
Diario del Huila, Contexto
Por: Gustavo Patiño
El Tribunal Administrativo del Huila ha suspendido temporalmente la actualización catastral en la capital del departamento, un proceso que operaba bajo el convenio 2105 de 2023. Este acuerdo, firmado por la administración municipal en junio de ese año, tenía como objetivo definir nuevas tarifas y mejorar el recaudo de la ciudad, algo urgente dado que la última actualización catastral en Neiva se realizó hace una década. En los últimos años, la ciudad ha experimentado una expansión urbanística significativa, por lo que esta actualización es importante para que los nuevos predios paguen las tarifas adecuadas. La suspensión del convenio es el resultado de una demanda interpuesta por los procuradores judiciales administrativos David de la Torre Vargas y Natalia Paola Campos Sossa contra el Municipio de Neiva y la Empresa de Servicios de Iluminación Pública y Desarrollos Tecnológicos de Neiva S.A.S. E.S.P.
Medida cautelar
El Tribunal del Huila decretó una medida cautelar sobre el convenio, considerando que su ejecución podría afectar gravemente las finanzas del municipio. Según la resolución emitida el pasado 2 de agosto, la suspensión se debe a que hay un «manto de duda respecto a la legalidad del mismo» y los demandantes, entre ellos la Procuraduría, presentaron un «abundante material probatorio» que justifica la medida.
La respuesta de Esip
En respuesta a esta decisión, la Empresa de Servicios de Iluminación Pública (Esip), una empresa mixta controlada por dos compañías de Alfonso «El Turco» Hilsaca, emitió un comunicado expresando su respeto por las decisiones judiciales y anunciando la suspensión de las actividades relacionadas con el convenio. Sin embargo, Esip también indicó que presentará recursos de impugnación para que la decisión sea revisada, argumentando que el juez no tuvo en cuenta los pronunciamientos del Consejo de Estado sobre la limitación de los jueces administrativos para suspender la ejecución de contratos y convenios.
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Controversias
El convenio interadministrativo en cuestión fue firmado por el entonces alcalde Gorky Muñoz con Esip, otorgándole la administración del catastro municipal por 15 años. Este acuerdo aseguraba un recaudo de más de 100 mil millones de pesos, la mayoría provenientes de intereses, beneficiando enormemente al emporio de Hilsaca.
El convenio no solo ha sido objeto de críticas por las posibles irregularidades en su suscripción y ejecución, sino también por la premura con la que se llevó a cabo. El 28 de junio de 2023, justo antes de que entrara en vigor la ley de garantías que restringe la firma de convenios a dedo, la Alcaldía de Neiva, dirigida entonces por Muñoz, realizó una maratónica jornada de trámites para montar el contrato. Ese mismo día, siete secretarios de despacho radicaron el estudio previo que justificó el millonario negocio, y el jefe de Contratación dio el visto bueno, permitiendo que las empresas de la familia Hilsaca presentaran sus papeles y firmaran el convenio al final de la jornada.
Si la suspensión se convierte en una anulación definitiva, Hilsaca perdería uno de los dos negocios importantes que mantiene en Neiva. Además de la gestión catastral, el exalcalde Muñoz también otorgó a Hilsaca la concesión del alumbrado público, consolidando aún más la influencia del controvertido empresario en la ciudad.
Es necesaria la actualización
La actualización catastral en Neiva es crucial para definir las tarifas del impuesto predial y elaborar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). La falta de una actualización ha llevado a una situación en la que muchas propiedades no están pagando impuestos acordes a su valor real, lo que afecta el recaudo municipal.
El controvertido convenio fue firmado en un contexto cargado de irregularidades y cuestionamientos. El exalcalde Gorky Muñoz, quien enfrentaba una destitución por la Procuraduría en primera instancia y una imputación por la Fiscalía por irregularidades en contratación, aprovechó el tiempo antes de la entrada en vigor de la ley de garantías para presuntamente favorecer a las empresas creadas por Hilsaca. La premura con la que se llevó a cabo el proceso levantó sospechas y críticas.
El negocio del catastro no es el único vínculo de Hilsaca con Neiva. El cuestionado empresario también controla la concesión del alumbrado público a través de Esip, una sociedad mixta creada en 2021 exclusivamente para este propósito. Este contrato le permite a Hilsaca recaudar el impuesto del alumbrado público por 15 años, generando ingresos promedio de 22 mil millones de pesos al año.
Los pagos
El nuevo convenio con Esip estipulaba que la empresa se encargaría de la actualización del catastro en dos años y manejaría el sistema durante los siguientes 15 años. A cambio, el municipio no solo le devolvería la inversión inicial, sino que también pagaría unos 52 mil millones de pesos en intereses, sumando un total que podría superar los 100 mil millones de pesos. Estos pagos provendrían del recaudo del impuesto predial de los neivanos.
El convenio tenía como objetivo aunar esfuerzos técnicos, financieros y operativos para la actualización, conservación y difusión catastral, entre otras actividades y servicios conexos a la gestión catastral a cargo del Municipio de Neiva. Establecía una duración de 15 años, con pagos hasta el año 2038 por un monto total de $90,001,789,150.45, discriminados en $37,019,811,473 por concepto de financiación y $52,981,977,682.45 por intereses.
Había otras opciones
El proceso ha sido objeto de críticas no solo por la falta de transparencia en la adjudicación del contrato, sino también por la elección de un socio privado en lugar de explorar otras alternativas. El Plan de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro incluye la cofinanciación de proyectos catastrales para mejorar los índices de avance del catastro multipropósito. Además, una adición presupuestal reciente asignó recursos para cofinanciar planes de catastro en los municipios.
Otra opción viable para Neiva hubiera sido realizar la actualización catastral por fases. Dependiendo del presupuesto disponible, o contratar una empresa experta a través de una licitación pública más transparente. Sin embargo, la administración de Muñoz optó por la contratación directa con la familia Hilsaca. Justificando la decisión con argumentos sobre las altas tasas de interés de los bancos. Y la conveniencia de no comprometer el cupo de endeudamiento del municipio.
La demanda
La demanda alega varias irregularidades en la suscripción del convenio como la falta de certificado de disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal. Igualmente, no se realizaron estudios ni trámites para afectar vigencias futuras del presupuesto del municipio. No se obtuvo la autorización previa del Concejo Municipal de Neiva para adquirir créditos o pagar intereses por financiación. Se alega que el convenio no era interadministrativo, sino un contrato que no se refería a colaboración interadministrativa. Lo que desconoció varios artículos de la Ley 80 de 1993.
La Procuraduría General de la Nación solicitó la suspensión de la ejecución del convenio. Y las restituciones mutuas para proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa. En la misma demanda, se solicitó la medida cautelar para suspender la ejecución del convenio. Fundamentada en los artículos 229 y 230 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA. Esta medida se justificó por la falta de respaldo presupuestal, la falta de autorización del Concejo Municipal. Y la potencial afectación a la moralidad administrativa y el patrimonio del municipio.
El Ministerio Público sustentó la demanda argumentando la protección del patrimonio. Ya que la ejecución del convenio compromete recursos sin respaldo presupuestal y sin autorización del Concejo Municipal. Poniendo en riesgo las finanzas del municipio. Además, justificó la suspensión del convenio en la protección de la legalidad, el orden jurídico, y la moralidad administrativa. Aseguró que si este convenio no es suspendido se seguirán generando intereses y comprometiendo recursos públicos sin la debida planeación y autorización.
Catastro ‘en el aire’
La suspensión del convenio deja en el aire el futuro de la actualización catastral en Neiva. El Tribunal Administrativo del Huila continuará evaluando las pruebas presentadas y determinará los pasos a seguir. Mientras tanto, la ciudad deberá esperar para saber si el proceso se reanudará bajo nuevas condiciones o si se buscarán alternativas más transparentes y equitativas.
