Por: Sergio Andrés Losada Cerquera
Pagar las facturas de los servicios públicos se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para las familias, circunstancia que se agrava en departamentos como el Huila, donde probado esta que pagamos unas de las tarifas más altas del territorio nacional.
Considero menester pasar de la queja a la acción ciudadana para frenar los abusos de las empresas, pues aunque las manifestaciones de inconformidad son importantes en el sentido que generan un sentimiento colectivo de rechazo a la situación, si estas no trascienden al plano jurídico, administrativo y político, la situación se va a agravar mientras las soluciones van a seguir siendo una mera expectativa.
Propongo iniciar por lo menos, las siguientes acciones en aras de resolver esta situación y avanzar hacia la justicia tarifaria:
- Desde el movimiento TARIFAS PAGABLES y la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, estamos estructurando una acción popular para solicitar al estado Colombiano la revisión extraordinaria de las tarifas de servicios como los del GAS que en este departamento opera parcialmente la compañía Alcanos de Colombia.
Dicha acción constitucional va a pretender que un juez de la república ordene a las autoridades competentes hacer aplicación de lo dispuesto en el artículo 126 de la ley 142 de 1994 que establece que las tarifas podrán modificarse en cualquier momento cuando estas “lesionen injustamente los intereses de los usuarios”, lo que ocurre en el Huila.
Invitamos a todos los sectores y organizaciones a que se sumen y coadyuven en esta causa.
- Es necesario que los concejos municipales ejerzan su papel de control político para el cual están constituidos: El numeral 12 del artículo 32 de la ley 136 de 1994, estableció que éstas corporaciones pueden citar a los representantes legales de las E.S.P. para presentarle todas inconformidades y exigir mejores condiciones en la prestación del servicio.
- La Gobernación y la Asamblea, deben asumir posiciones en defensa de los usuarios, sobre todo en aquellos casos en que las compañías prestadoras tienen participación accionaria de los Huilenses como es el caso de la Electrificadora y Alcanos.
- Los congresistas tiene una tarea fundamental, cual es la de representar los intereses de los usuarios y llevar a la discusión nacional el caso particular del Huila para exigir la intervención inmediata del gobierno nacional.
- El llamado también a las comisiones de regulación CRA Y CREG, asi como a la SuperServicios quienes tienen la tarea de garantizar que los usuarios recibamos unos servicios con calidad, cobertura y continuidad a una tarifa justa, ecuación que se está desconociendo en el Huila, por lo que como entidades regulatorias y de inspección, control y vigilancia respectivamente tienen mucho por hacer.
En sumo, ésta debe ser una lucha colectiva que garantice a los usuarios acceso a los servicios públicos a unas TARIFAS PAGABLES, lo que con el actual estado de cosas se desconoce.
