Atención trabajadores del agro, desde la Sociedad de Activos Especiales, anunciaron que hay en el departamento del Huila, 12.000 hectáreas de tierra que de manera pronta se podrán administrar, pero desde la entidad señalan que van a priorizar a las asociaciones y organizaciones sociales.
En este sentido, se conoció que dos empresas pesqueras, ubicadas en la represa de Betania y que habrían sido obtenidas de manera ilícita, actualmente son administradas por el Estado.
La sede de la entidad
En cuanto a la nueva sede de la Sociedad de Activos Especiales, Daniel Rojas, director de la entidad, señaló: “ya se administran estas sociedades de producción piscícola y una de las obligaciones contractuales que queremos es establecer, es la dignificación de los trabajadores de estas empresas para que se sienta que el cambio es real”.
Y agregó que en un centro comercial ubicado en la carrera 16 con 41, funcionará la sede de la SAE-Huila.
“Será una oficina que tendrá las puertas ‘abiertas’ para la comunidad. La entidad era poco conocida, casi que se encontraba en el ostracismo del servicio público y nosotros queremos, que ahora sea una entidad, que no solo sea visible, sino que le sirva a la población huilense para transformar la realidad de los ciudadanos de esta pujante región”, destacó el funcionario.
Asimismo, narró que en la SAE, no se habla de beneficiarios, ni atienden de manera ‘paternalista’, sino que generan asociaciones y pretenden vincularse con las organizaciones sociales.
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Llamado a las organizaciones sociales
Y con esta sede, “esperamos llegar a los departamentos del sur del Colombia con la oferta institucional, y desde ya invitamos con las asociaciones a que trabajen con la SAE, para generar valor y riqueza, para de esta manera los bienes que administramos nosotros, sirvan a las economías legales en ‘manos’ de las organizaciones sociales”, destacó el directivo.
“En este sentido son 12.000 hectáreas del área rural para producción agropecuaria, y 314 inmuebles urbanos, para las entes sociales y la economía popular, al igual que 17 establecimientos comerciales. Y son bienes confiscados que son producto de incautaciones por lavado de activos, narcotráfico, corrupción”, destacó el directivo.
Y entre los municipios beneficiados se encuentran: Agrado, Aipe, Algeciras, Baraya, Campoalegre, Colombia, Garzón, Gigante, Íquira, La Plata, Neiva, Palermo, Suaza, Palestina, Yaguará.
Atención cafeteros
“También hago un llamado a la clase empresarial del Departamento, particularmente a los cafeteros, esta es una región productora del grano. Tenemos la posibilidad de disponer de alrededor de 12.000 hectáreas de suelo rural, para la producción agropecuaria, y queremos que el café, mercancía insignia del país y la región se potencie y ponemos a disposición esta tierra para ello”, enfatizó el director de la SAE.
Por su parte, Cesar Oviedo, director de la SAE, capítulo Huila, expresó: “la entidad va a disponer de todos los predios tanto rurales como urbanos para las organizaciones sociales, firmantes de paz, víctimas del conflicto y conmigo cuenten con un servidor”.
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Las ‘pesqueras’ confiscadas
Ya en cuanto a la administración de las sociedades pesqueras, Daniel Rojas, dijo: “estas empresas fueron recientemente incautadas en la represa de Betania, y están asistiendo a la primera asociación popular entre la SAE y las organizaciones sociales”.
Por su parte, el gerente de las empresas en mención, Arley Perdomo, dijo: “la idea es hacer una sociedad productiva que ‘empuje’ la región, para mejorar la estabilidad laboral de los empleados y aumentar la producción piscícola”.
“Tenemos un reto grande y contamos con 15 empleados directos, y en este momento estamos afrontando una calamidad en el embalse de Betania, debido a la sequía de estos tiempos. Y en cuanto a producción la idea es automatizar los procesos y sin duda generar rentabilidad”, indicó el gerente de las pesqueras.
La Reforma Agraria en marcha
En este sentido, la Agencia Nacional de Tierras, ANT y la Sociedad de Activos Especiales, SAE, firmaron un convenio estratégico destinado para la compra de tierras en $600.000 millones.
Estas fincas están en proceso de extinción de dominio a narcotraficantes o a personas relacionadas con otras actividades ilegales.
Con la Reforma Agraria, el Gobierno Nacional, busca entregarles 1,5 millones de hectáreas de tierra fértil para producir alimentos a familias campesinas, negras e indígenas que no la tienen o la tienen de manera insuficiente.
Una de las rutas para ello es el convenio marco por 600.000 millones de pesos que firmaron la Agencia Nacional de Tierras – ANT – y la Sociedad de Activos Especiales – SAE –, con el acompañamiento del Ministerio de Agricultura, con el fin de acelerar la Reforma Agraria mediante la transferencia de predios que eran de narcotraficantes o de personas inmersas en otras actividades ilegales, entraron en procesos de extinción de dominio y están en el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), administrado por la SAE.
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Eran tierras ilícitas
Por su parte, la ministra de Agricultura, Jhénifer Mojica, destacó que se trata de tierras que eran de la mafia y que ahora la ANT le compra en bloque a la SAE para que pasen a manos de familias campesinas que trabajan la tierra y necesitan de ella.
“Este es el cambio que prometimos: tierras que antes iban orientadas a alimentar la politiquería, la corrupción, a seguir alimentando cuentas ilícitas, ahora pasan a manos de población campesina, haciendo que la Reforma Agraria sea una realidad. Son 600.000 millones de pesos que compra directamente la ANT a la SAE que, además de comprar las mejores tierras de Colombia, van a alimentar el Frisco, fondo que revierte en el desarrollo rural, porque el Ministerio de Agricultura apuesta por una nueva política antidrogas, con un enfoque humano que dignifica la ruralidad colombiana”, afirmó la ministra.
El convenio, suscrito por Juan Felipe Harman Ortiz, director de la ANT, y José Daniel Rojas Medellín, presidente de la SAE, ya arroja 38 predios viables para compra por parte de la Agencia, con avalúos aprobados y análisis técnicos y jurídicos elaborados por equipos de ambas instituciones.
Los 38 predios se encuentran distribuidos en Sucre, Córdoba, Santander, Meta y Antioquia, en zonas priorizadas para la Reforma Agraria y, sumados, miden unas 6.000 hectáreas y cuestan alrededor de 115.000 millones de pesos.
“El campo viene de un atraso histórico”
Y es que son varios las problemáticas que afectan al sector agrario en el departamento del Huila, al respecto, Lorena Sánchez, líder obrera, manifestó. “Nosotros entendemos que en estos cuatro años del Gobierno Nacional, es difícil cambiar de la noche a la mañana, una realidad de 200 años, es muy complejo. El campo colombiano viene de un atraso histórico y lo que estamos haciendo es dar pasos pequeños, pero muy sólidos hacia esa transformación que anhelamos”.
“Esta manera es la forma de poder avanzar. Tenemos es que elevar el nivel de organización del ‘campesinado’ huilense, para trabajar de manera conjunta con la institucionalidad. El objetivo es avanzar en la construcción de una Reforma Agraria, real y verdadera, que lógicamente se pueda materializar”, destacó la vocera.
Precisamente, indica que debido a esto es importante que los trabajadores del agro, se organicen y participen de manera activa.
Es importante, la consolidación de los Comités de Reforma Agraria, y de los Consejos Municipales Rurales, que son los escenarios donde se define la política agraria municipal y departamental.