Por: Amadeo González Triviño
La problemática del campo por el uso y el abuso de las tierras es un cuento de nunca acabar. La propiedad privada, como así se indica, es parte del patrimonio de aquellos que se encargan de organizar su vida en torno a grandes fundos, como los terratenientes y se van apoderando por todos los medios, de grandes de tierra para ver crecer muchas veces, su presunción de potentados y en otras ocasiones, para generar y ganar un espacio político, por la capacidad generadora de poder que ello, les representa.
El gobierno de cambio ha tomado las banderas de organizar un proceso de adjudicación de tierras y este drama que se ha repetido y ha sido objeto de muchas movilizaciones y paros campesinos y muchas muertes, tanto de la población indígena o de los desarraigados, es un asunto de nunca acabar y que no se puede solucionar con la improvisación o con lo que se piensa que es suficiente, al crear un fondo para adjudicar o para apoyar al campesinado, sino que es necesario empezar por genera toda un cultura, donde el hombre realmente entienda que la vida y el trabajo, hacen parte de una constante lucha por superar sus propias necesidades y que con el paso del tiempo, debe saber abrevar el conocimiento y la explotación de su entorno de la mejor manera.
No hemos dejado de replicar que una sociedad como la nuestra, donde las instituciones en lugar de apoyar y de generar conciencia ciudadana, son sinónimo de lo que ha sido y sigue siendo y ha de perpetuarse por muchos años, como lo es la corrupción, cualquier intento por superar la mediocridad oficial, exige y demanda muchos gobiernos que entiendan y comprendan, que el primer paso es construir una nación de hombres respetuosos de la ley, convencidos de que su oficio es apoyar y fomentar y patrocinar la formación de ciudadanos de bien, y no de aprovecharse de sus recursos para un mejor estar o un sobrevivir durante el cuarto de hora que se tiene en el poder.
Es alarmante la forma como en los actuales momentos, se generan grandes movilizaciones y se convocan en los centros poblados de Colombia, marchas para oponerse a todas las reformas y todos los procesos de participación ciudadana que en un bonito esfuerzo, pero que en forma intempestiva y de un momento a otro, se pretende generar, como si se necesitaran más normas de las ya existentes, para generar confianza en las instituciones y que aquellas cumplan el fin social, la proyección cultural y humana que representan y que no sean paños de agua tibia o falsas expectativas las que puedan generarse a las comunidades.
Las comunidades merecen respeto, los electores están a la expectativa, pero no son todos los electores en un país polarizado como el nuestro, los que están de acuerdo con las reformas y con el manejo de la cosa pública, es claro y preciso entender que hasta que no haya un voto obligatorio y que no haya forma de hacer comprender que quien es elegido es un representante de los electores, es difícil dimensionar el poder de representación que se tiene por parte de quienes llegan al poder.
Los ciclos históricos exigen y demandan mucha prudencia, tolerancia, respeto a lo construido y sobre dichas bases, poder generar entonces, en forma paulatina y sin lugar equívocos, esos cambios y esas transformaciones que todos anhelamos, que todos esperamos.
El proceso de tierras en Colombia, es toda una institucionalidad que ha fracasado porque los adjudicatarios de aquellas, terminan siendo ubicados en puntos o lugares donde la productividad o el entorno o la forma de acceder a la financiación, a la venta de sus productos y a la posibilidad de cultivar con insumos para el abono o para la preparación de la tierra e incluso, para el uso y el aprovechamiento del agua, no sean hoy en día, como lo son, manipulados por las grandes empresas que cobran, sancionan y multan a los colombianos, o que imponen condiciones y restricciones que contrastan con los cambios sociales exigidos y reclamados por las parceleros, agricultores y campesinos en general.
Tierra para todos, pero condiciones dignas para acceder a ella, y apoyo total, con respeto a la legalidad y a los procesos sociales que tanto se reclaman en este país olvidado y manipulado por la política, por la corrupción y por la impunidad.
