El gobierno ya se parece a las Altas Cortes, pareciera que son cortados con las mismas tijeras y, se han convertido en aliados de sus propias complicidades.
Ahora como las sentencias, se hacen filtraciones sobre decisiones que se van a tomar, o se han tomado y nadie las conoce, pero queda en el ambiente un tufillo de inseguridad y falta de garantías para la sociedad de bien.
Ha aparecido la información de la pretensión del gobierno de prohibir, sin autoridad, porque no la ha ejercido, el uso de las armas neumáticas, que son sinónimo de defensa personal, y no letales, como las autorizadas por el mismo ejército.
Entre otras cosas, el Estado al prohibir el porte y la tenencia de las armas autorizadas por él mismo, incurre en enriquecimiento sin causa, al cobrar un tributo por su porte o tenencia, que de entrada prohíbe cualquiera de esas facultades, simultáneamente.
El arma, la autorizada por el Estado o no, lleva implícita la facultad de la tenencia o porte; son consustanciales a ella misma; esas dos facultades; precisamente derivados del derecho a la propiedad; es decir, el “usus” y el “abusus”, lo que significa, la facultad de uso o no del arma, entendiendo que esas facultades son inherentes al derecho de propiedad.
Negarle al derecho de propiedad, la facultad al uso es negar el derecho a la propiedad en sí mismo; es negar la propiedad misma, porque es de su esencia.
El propietario también tiene el derecho al “abusus”, que no es propiamente, traducido literalmente, el abuso de ella; entiéndese, como la facultad de disposición del bien del cual se es propietario.
Ningún abuso de un derecho o facultad, genera o legitima derechos, excepto la paz de Santos.
Hay que dejar de tratar a los ciudadanos como minusválidos mentales, claro que hay muchos, pero no hay que negar el derecho a defenderse con un Estado incapaz frente al delito, porque es incapaz frente al narcotráfico.
Quien haga mal uso de un arma debe responder por su conducta como en todos los actos de la actividad humana; nunca presumir que la sociedad será abusadora del derecho.
En Colombia, con índices de impunidad supremamente altos, la delincuencia sabe que difícilmente pagará por sus faltas y que a la fuerza pública le puede ir peor si se mete con ellos.
Donde reina la impunidad, hasta patrocinada por el Estado desde las Altas Cortes, que será reconocida y legitimada por el gobierno con decisiones como estas que se ven venir.
Solo así, sería el gobierno cómplice de la impunidad, como es cómplice del narcotráfico.
