DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: Suministradas
Difícil es el panorama actual que muestra el transporte de servicio público de colectivo urbano en la ciudad de Neiva. Además de continuar siendo blanco de vandalismo y atracos en algunos sectores de la capital, arrastran una histórica realidad de pérdidas, según manifiestan, a causa de la desbordada ilegalidad.
Gerentes de empresas que prestan el servicio de transporte público en la ciudad de Neiva, sostuvieron un encuentro con el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Diego Fernando Vásquez Arguello y la Secretaría de Movilidad del Municipio, en busca de generar una agenda de continuidad a algunas acciones tendientes a frenar una problemática de inseguridad que se viene presentando desde el año anterior en algunos sectores de la capital huilense, y en la que resulta afectado directamente el gremio transportador.
Y es que pese a que ha mermado en cierta manera, se siguen dando frecuentemente los casos de vehículos colectivos que son presa de vandalismo y de atracos a mano armada para robar a los conductores el producido del día.
Según manifiestan las empresas, las comunas en donde es más acentuada esta situación de inseguridad son la 8, 6, 2 y 10.
El gerente de la empresa transportadora Autobuses S.A., Juan Carlos García, indicó que aún son continuos los hechos de inseguridad contra los vehículos que prestan el servicio de colectivo.
La Policía continuará apoyando con operativos de control las rutas de estos vehículos de servicio público.
“En Las Palmas 2, Palmas 3, Camelias, San Bernardo son sectores en donde han convertido el transporte público en blanco de la delincuencia. A los vehículos le tiran piedras y le dañan los vidrios, les generan temor al conductor y a los pasajeros. Este año seguimos teniendo situaciones de vandalismo y también de atracos. Nosotros tenemos en promedio, de 2 a 3 carros afectados semanalmente, es un alto grado de afectación”, dijo.
El Gerente recordó que el año pasado fueron numerosos los daños a vehículos producto del vandalismo, incluido un colectivo incinerado a la altura de la Universidad Surcolombiana, en la época en que se desarrolló el paro nacional entre los meses de abril y mayo.
Indicó que esto afecta directamente a los propietarios de los carros. “Todos los gastos de esos daños, entre parabrisas, repuestos y demás, superan los 180 millones de pesos, que les ha tocado a los dueños de los vehículos pues hacer la inversión de reponerlos. La afectación es grande y es grave porque el sector está atravesando una crisis profunda por la falta de control al transporte ilegal. Los ingresos de los transportadores hoy están bastantes diezmados, y adicionalmente están dañándoles los vidrios, apedreando los carros, generándoles mayores pérdidas. Un parabrisas de un vehículo cuesta 1 millón de pesos, un propietario difícilmente hoy con lo menguados ingresos que tiene, va a demorar 4 o 5 días en reponerlo después de hacer un crédito, un emergente, un sobregiro, para poder conseguir los recursos”, manifestó.
En la reunión se trató con la autoridad policial el tema de que al parecer, algunos de estos actos vandálicos son patrocinados por personas que incursionan en la actividad ilegal del mototaxismo, con el ánimo de generar zozobra, para que el transportador no ingrese a ciertos barrios, y ellos quedarse cubriendo el servicio de transporte en esos sectores.
En la reunión, la Policía adquirió el compromiso de restablecer el control con los operativos en las rutas y al interior de los vehículos, para continuar brindándole seguridad no solo al transportador sino también al usuario del servicio. Igualmente se fortalecerá la comunicación entre gremio y autoridad.
Luis Ignacio Manchola Perdomo, Jefe de Urbanos de Coomotor, reconoció el apoyo de la policía en el control a través de operativos dentro de los vehículos. “Gracias a esos controles, eso ha cesado, y nos siguen apoyando en esa vigilancia continua, nos siguen colaborando con estrategias para seguir controlando esas situaciones, pero todavía tenemos dificultades. Nosotros más que todo en el sector de Las Palmas. Alejandría, San Bernardo y por todo la ruta 11 desde Galindo, al igual que la ruta nueve nos ha mejorado mucho. A medida que pusieron controles, ha cesado eso, pero los compañeros que operan en el sur, por Santa Paula, sí los afecta el vandalismo, me dicen que no más ahí en el puente de Las Vegas también tiran piedras a los vehículos”.
Por Neiva, circulan unos 300 vehículos que prestan el servicio de transporte público.
Ilegalidad, en detrimento del transporte público
Este tipo de situaciones de inseguridad, sumado al crecimiento del transporte ilegal, afecta ostensiblemente al gremio. El impacto sobre los ingresos del transporte legal ha llegado a reducirse en un 40 %. De acuerdo a la matriz origen-destino de pasajes en la ciudad, se llegó a tener en el año 2007, 103.000 pasajes al día; en el 2014, se tenía 77.000 pasajes día; y en los dos últimos años la cifra se ha bajado a 32.000 pasajes día. De tal manera que a hoy la disminución de pasajeros es más que evidente.
Así mismo, Neiva en el año 2010 contaba con 700 vehículos de servicio público. Doce años después están operando únicamente 308 vehículos. En este aspecto ha impactado también el transporte ilegal en la pérdida de empleos formales.
“Está claramente demostrado desde el punto de vista jurídico que la actividad de transporte de pasajeros en motocicletas es abiertamente ilegal, que de pronto no la hayan controlado y la hayan dejado desbordar por falta de control operacional y por falta de políticas serias de la Administración, es otro panorama. La autoridad tendrá que ponerle freno al desbordado transporte ilegal que hay en la ciudad de Neiva, eso se ha vuelto un negocio de dinero fácil, hay gente con 20, 30 motocicletas alquiladas de manera diaria. Eso ha traído unos perjuicios grandísimos para el sector formal, y poniendo en riesgo la integridad de los pasajeros al no disponer de seguros para atender a los usuarios”, manifestó el Gerente de Autobuses.
Demanda por pérdidas
Hace cuatro años el sector transportador inició un proceso de demanda al Municipio de Neiva por “ser permisivo con la ilegalidad” y que ha ocasionado la quiebra del transporte urbano de colectivos y taxis en la ciudad. La demanda está representada por 415 familias de propietarios y conductores de colectivos y 622 de taxis.
En este momento del proceso que cursa en el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva, se ha citado en dos ocasiones a la Alcaldía a conciliación sin poderse llegar a ningún término. Igualmente han sido citados varios de los demandantes, recientemente la invitación fue para los gerentes de las empresas transportadoras para que informen al juez por qué varios colectivos del sector urbano han salido de rodamiento.
Los demandantes están exigiendo una reparación económica en efectivo, por las pérdidas causadas a este gremio de transporte urbano, y aunque aún no se establece el monto cuantificado, se cree que podría ser de un promedio de 3 millones de pesos mensuales, a comparación de hace 10 años de lo que venían recaudando.
Danilo Páez, representante del gremio transportador de servicio urbano en Neiva, mencionó que la demanda busca la reparación por daños y perjuicios que les ha causado las pérdidas por la ilegalidad.
“Hace 10 años un colectivo cargaba 600, 700 pasajeros en un día, actualmente no carga sino 100, 80, 150 máximo yéndole bien. Multiplique 100 pasajeros por 2.000 pesos da 200.000 pesos. El gasto del combustible andando todo el día el carro son 120 mil pesos, el sueldo del conductor son 35 mil pesos diarios, más los parafiscales, el rodamiento que hay que pagarle a la empresa. ¿Cuánto le queda a un carro en un día? En rojo quedamos. El 95 % de los colectivos están en rojo, debiéndole a las empresas de transporte”, expresó el líder transportador.
La ilegalidad ha causado grandes pérdidas en el gremio de transporte urbano en la capital huilense.
