Con el fallo en segunda instancia de la Resolución 7339 del 22 de septiembre del 2023, el municipio no tiene otra opción que cumplir con el Peccit. “La ilegalidad no se ataca de manera desorganizada con acciones desarticuladas”, señaló el superintendente delegado.
DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Gustavo Patiño
Durante la Décima Jornada ‘La Superintendencia escucha a las Regiones’, desarrollada ayer en el Hotel Chicalá por la Superintendencia de Transporte, la secretaria de Movilidad de Neiva Edna Johana Cruz Bonilla se refirió a la problemática del mototaxismo en la capital huilense, “no es de desconocimiento que la superintendencia ha venido haciendo las exigencias bastante fuertes a todas las entidades territoriales y a los organismos de tránsito en relación a cómo están controlando el transporte ilegal justamente el día del día de ayer el 8 de julio de este año se expidió por parte de la superintendencia de transporte de la resolución número 6682 a través de la cual resolvió el recurso de apelación que se había presentado como última instancia en contra de la resolución 7339 del 22 de septiembre 2023 que condenó, que sancionó al municipio de Neiva por no atender el control al transporte ilegal”, señaló la jefa de la cartera de movilidad.
Fallo de amonestación
Y es que la problemática del mototaxismo ha tomado la agenda de la opinión pública en los últimos meses por cuenta de las marchas que este gremio desarrolló en contra del decreto 0183 de 2024, que restringe, entre otras cosas, el parrillero en el microcentro del casco urbano neivano. “Recordemos que, en este fallo, en este primer fallo de la resolución 7339 de septiembre del año anterior, se nos condenó con una amonestación, que es un llamado grave de atención que se hace al organismo de tránsito de la entidad territorial, en él cuál se insta a que cumplamos con unas medidas que nos permitan a nosotros hacer un control estricto al transporte ilegal. Esta nueva resolución confirma la decisión en instancia de apelación y nos convoca, nos aboca a nosotros a que sigamos con el cumplimiento de la exigencia de las normas al transporte ilegal, es decir, no podemos dejar que incremente el mototaxismo en nuestra ciudad”, afirmó Cruz Bonilla y agregó que estas medidas también deben aplicarse a otros tipos de transporte ilegal como el de aplicaciones como Indiver o Didi, “el control también al transporte que se hace con vehículos de servicio particular, que obstaculiza al transporte intermunicipal, los taxis que también a veces son utilizados para hacer transporte ilegal, hay una serie de recomendaciones y nos dice que por ejemplo carguemos informes en la plataforma qué es administrada por la superintendencia, en donde nos exige hacer reportes de cronogramas diarios, semanales, quincenales, mensuales y anuales de cómo nosotros estamos controlando el transporte ilegal”.
La funcionaria reiteró que no se trata de una persecución hacia los mototaxistas, sino el cumplimiento a unas orientaciones que desde las autoridades nacionales se le han entregado al municipio, “nosotros hemos venido trabajando, ustedes pueden ver que hemos hecho controles, no se trata de una persecución ni a motocicletas, ni a vehículos de servicio particular, se trata del cumplimiento de las exigencias de ley”, agregó y señaló que el próximo proceso podría tener una condena pecuniaria, “con el próximo proceso, y a lo que nos podamos nosotros enfrentar jurídicamente, no va a ser un fallo de amonestación, allí ya vendría una multa de más de 1000 millones de pesos, entonces nosotros tendremos que seguir haciendo los controles y haciendo las exigencias porque este fallo, si ustedes lo pueden consultar, nos aboca a nosotros hacer exigentes en el cumplimiento de esta normatividad, que ha sido proferida por la Superintendencia y también por el Ministerio de Transporte”, afirmó.
Desborda las capacidades
Cruz Bonilla aseguró, en cuanto al problema del mototaxismo, que es una situación que muchas veces desborda las capacidades institucionales, “cualquier equipo operativo no es suficiente para atender la problemática que se viene desbordando, desde hace varios años hay algunas caracterizaciones hechas por anteriores gobiernos, en los que la cifra de las personas que hacen transporte ilegal supera las 9000 personas, es decir son 9000 familias que hoy desarrollan este tipo de actividad”, afirmó y dijo que en el evento la Superintendencia de transporte reiteró que la motocicleta no es un vehículo que esté diseñado para la prestación del servicio de transporte, “la motocicleta, cómo lo acaban de decir en una conferencia, no es un vehículo homologado como vehículo de transporte público para dos pasajeros y eso implica que nosotros no podemos permitir ese tipo de actividades, por supuesto que hay un tema social muy álgido y que hay que buscar otro tipo de herramientas desde la administración municipal, desde todos los organismos y la empresa privada también para poder disminuir esa problemática”.
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A la fecha, según lo informó la Secretaria de Movilidad, se han hecho más de 90 comparendos por transporte ilegal, “el reporte que nosotros tenemos hasta la fecha de comparendos que hemos hecho al transporte ilegal son un total de 94 comparendos con 61 y inmovilizaciones, hay no solamente motocicletas, sino también vehículos de servicio particular que por ejemplo hacen Indriver, que ya hay plataformas aquí en nuestra ciudad, eso también es transporte ilegal, nosotros hemos hecho algunos operativos para tratar de controlar”, agregó.
‘Neiva debe cumplir’
Por su parte Oscar Alirio Espinoza González, superintendente delegado de tránsito y transporte, señaló que la capital huilense debe cumplir con las orientaciones de la resolución, “la Superintendencia responde apoyando a las autoridades territoriales en su gestión, y ¿cómo lo hace? exigiendo que tengan planes estratégicos. La ilegalidad no se ataca de manera desorganizada con acciones desarticuladas, por eso la Superintendencia de Transporte viene exigiendo a las autoridades locales que cumplan con su Peccit, que es el Plan Estrategico de Control Contra la Ilegalidad en el Transporte, que da cumplimiento a las normas de transporte, es donde se contiene cuál es la planeación que tiene cada municipio, cada autoridad de transporte, frente al control de las normas de transporte y es allí donde la Superintendencia va a advertir si tienen acciones definitivas, acciones contundentes, frente a fenómenos como la ilegalidad”, afirmó y dijo que la Superintendencia tiene como propósito el de apoyar a los entes territoriales “porque el responsable principal y el responsable de que la ilegalidad avance en los municipios son las autoridades locales”.
El superintendente delegado señaló que la institución ha venido pidiendo a la ciudad contundencia en las acciones frente a la aplicación de las normas de tránsito y transporte, “el mototaxismo no es solamente una infracción de tránsito, es una infracción de transporte, las infracciones de transporte según el artículo noveno numeral cuarto de la ley 105 el 93 no solamente las cometen los prestadores de servicio público habilitados, un particular también puede incurrir en infracciones a las normas de transporte”, señaló Espinoza González, “frente al fenómeno del mototaxismo lo que tiene es que haber una decisión por parte de la autoridad local para hacerle frente con medidas, entiendo que ha venido tomando decretos de restricción que apuntan hacia eso, a mejorar la prestación legal del servicio, a mejorar no solamente el tema de la seguridad que es bastante complejo en Neiva, sino a mejorar la seguridad vial”, aseguró.
El representante de la Superintendencia de Transporte señaló que desde la entidad se viene haciendo seguimiento a las acciones que se desarrollan desde el municipio, “le venimos pidiendo a las autoridades que nos informen de cómo vienen avanzando en esos operativos, de qué acciones vienen tomando, nos interesan de que lo que se planee se cumpla y que lo que se cumpla sea efectivo, nada sacamos con medidas que no apuntan a la solución, que solamente son por cumplir el requisito de presentar un plan estratégico y que quede en letra muerta”, señaló y aseguró que el desacato de la amonestación podría generar consecuencias mayores, “la sanción en este momento es una amonestación de conformidad con el artículo 45 de la ley 336 del 96, pero puede tener consecuencias mayores sí la de la Superintendencia llega a evidenciar de que esa amonestación no se haga caso y quede en letra muerta”, finalizó.
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