El proyecto de ley que permitiría el traslado exprés de afiliados a los fondos de pensiones, revivió en la Cámara de Representantes y está listo para el primer debate. De ser aprobado, el Gobierno señala que su costo sería de $35 billones.
El documento, que fue radicado por los representantes María Cristina Soto, del Partido Conservador, y Omar de Jesús Restrepo Correa, del partido Comunes, pretende el “restablecimiento de los derechos afectados a un grupo significativo de los sectores sociales más vulnerables al omitirse la obligación constitucional de brindarles la doble asesoría previa a la decisión de afiliación o traslado entre regímenes pensionales”.
En la propuesta se establecen unos parámetros mínimos como que los hombres deben ser mayores de 52 años y las mujeres mayores de 47 años, sumado a una cotización mínima de 750 semanas. Sin embargo, no especifica por cuánto tiempo podría llevarse a cabo este proceso y lo ampara en la frase “por un breve lapso”, especialmente para aquellos casos que se vienen tramitando vía judicial.
En su concepto técnico El Ministerio de Hacienda, indica que el proyecto de ley 018 de 2021. Según la cartera, «el traslado entre regímenes pensionales sin el cumplimiento de ningún requisito legislativo afecta la sostenibilidad financiera, no solamente del Régimen de Prima Media (RPM), sino de todo el Sistema General de Pensiones (SGP), poniendo en aprietos serios su sostenibilidad».
Para el Ministerio, las personas que se trasladan entre regímenes con requisitos cercanos a los determinados para acceder a la pensión buscan arbitrar el sistema para obtener los subsidios implícitos del RPM que le beneficiarán con el reconocimiento de pensiones más altas de las que podrían haber obtenido en el régimen anterior.
Según el Gobierno, al ser aprobada la iniciativa, “se trasladarían desde las AFP hacia Colpensiones 223.000 personas, de las cuales se estima que 59% logra pensionarse, y que se trasladan hacía Colpensiones con cerca de $29,4 billones que han acumulado en sus cuentas de ahorro individual (CAI), incluyendo los correspondientes aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, y que además implican la anulación neta de bonos pensionales por valor de $9,9 billones. Quienes se trasladan generan un costo en valor presente para la Nación por valor de $74.3 billones, que incluye pensiones e indemnizaciones sustitutivas.
«El impacto fiscal está altamente concentrado en los rangos salariales más altos, como resultado de los mayores subsidios que estos grupos reciben y de la mayor probabilidad de pensionarse que presentan en este escenario. En particular, el impacto fiscal en el grupo de menores ingresos, el que va de uno a dos salarios mínimos, es de $0,8 billones, lo que representa menos de 2,3% del impacto fiscal total estimado y corresponde al 51,8% de las personas», dice el concepto emitido.
