El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, confirmó la sentencia de 17 meses de prisión contra José Alirio Cabrera Cuéllar, exrector de la institución educativa Cosanza en Timaná, por el delito de acoso sexual contra la docente Patricia Imbachí España.
Diario del Huila, Investigación
En un fallo que busca hacer justicia a las víctimas de acoso sexual, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva confirmó la sentencia condenatoria contra José Alirio Cabrera Cuéllar por el delito de acoso sexual. Cabrera Cuéllar, quien se desempeñaba como rector de la Institución Educativa Cosanza, en zona rural del municipio de Timaná, fue encontrado culpable de haber acosado a la docente Patricia Imbachi España.
El fallo de primera instancia, emitido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito, Huila, había condenado a Cabrera Cuéllar a diecisiete meses de prisión y a la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo período.
La sentencia fue apelada, pero la Sala Cuarta de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva decidió ratificarla, al considerar que se cumplían los requisitos del artículo 381 del Código Penal. Este artículo establece la necesidad de pruebas más allá de toda duda razonable sobre el hecho punible y la responsabilidad del acusado.
Los hechos que fundamentaron la acusación indican que Cabrera Cuéllar utilizó su posición de superioridad para acosar a la víctima en repetidas ocasiones. Los incidentes comenzaron cuando el acusado transportó a la docente hasta el colegio y le tocó la pierna, y continuaron en múltiples ocasiones, incluyendo visitas a su oficina y durante actividades externas como un foro educativo. Estos actos de asedio constante tenían como objetivo doblegar la voluntad de la víctima para que accediera a sus pretensiones sexuales, generando en ella mortificación y rechazo.
El Tribunal aclaró que, aunque el acoso sexual no se consumó en un acto sexual, esto no impide la configuración del delito. El acoso sexual se sanciona por las conductas vejatorias que afectan directamente a la persona, sin necesidad de que se logre el propósito final del acosador.
Cabrera Cuéllar tiene la posibilidad de presentar un recurso de casación dentro de los próximos cinco días, de acuerdo con la legislación vigente.
El caso
Patricia Imbachí España, la docente huilense y víctima de este caso, y quien reside actualmente en los Estados Unidos, contó a este medio de comunicación cómo fue de manera sistemática el acoso que vivió desde el primer día que se presentó a laborar en la Institución Educativa Cosanza.
«Él intentó sobrepasarse conmigo, y como no accedí a sus pretensiones, comenzó a acosarme también laboralmente. Me negó la posibilidad de adelantar mis estudios de maestría en la ciudad de Neiva, me presionaba negándome permisos, horas de salida y muchas otras cosas que un rector puede hacer al ser el jefe inmediato», continuó Patricia. Esta situación se prolongó durante todo el 2015 y el 2016 en los que trabajó allí.
La gota que rebosó la copa fue cuando Patricia se dio cuenta de que esta situación no estaba ocurriendo solo con ella, sino también con algunas estudiantes. Decidió no callar y denunció. «A pesar de que sabía que iba a renunciar, no quería que eso se quedara así», expresó.
«Después de todo este tiempo, aquí estoy, recibiendo la notificación de que se ha pedido condena en el caso de este señor. No fue fácil; estuve muchas veces a punto de ‘tirar la toalla’. Esto era un capítulo que quería cerrar, ya que recordarlo a menudo me hace sentir mal. Hoy siento que me he quitado un peso grande de encima y creo que por fin me escucharon. Hasta este año, solo había rendido testimonio y había estado contando la situación y aportando pruebas, pero nunca se me había escuchado un juez. Nos tuvieron en cuenta a las víctimas porque no soy la única; estudiantes y profesoras respaldaron mi denuncia. Enfrentar a alguien que es tu superior no es fácil», añadió Patricia.
Patricia, que era docente de provisionalidad, solicitó ayuda al sindicato de la Asociación de Institutores Huilenses, pero no pudo recibir colaboración porque no era una maestra nombrada. «Una mujer que es víctima de estas cosas no quiere revictimizarse, y cada vez que se tiene que hablar, suele pasar por un interrogatorio», lamentó.
En total, cuatro personas, dos mujeres y dos estudiantes, decidieron denunciar al exrector, aunque se cree que hay más víctimas de acoso por parte de él en la institución educativa. «Este agresor ya estaba pensionado cuando entré al colegio. Son de esas personas del régimen antiguo que se pensionan y pueden seguir trabajando hasta el retiro forzoso. No sé si tiene algo que ver con la denuncia, pero cuando se puso en conocimiento de la Secretaría de Educación Departamental en diciembre de 2016, el rector tomó la decisión de retirarse en marzo de 2017», señaló Patricia.
¿Qué sigue?
Jesús Antonio Marín, el abogado que decidió trabajar ad honorem en el caso de la docente Patricia Imbachí España, relató cómo se involucró en el proceso. «Este caso se originó hace ocho años. En octubre de 2020, en plena pandemia, me enteré de la situación de Patricia, quien afirmaba que no estaba siendo escuchada como víctima. Me puse en contacto con ella y le ofrecí mi ayuda sin costo alguno», explicó Marín. «Creo firmemente que los abogados también debemos cumplir una labor social».
De acuerdo con el abogado Jesús Antonio Marín, la ratificación del fallo por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva se dio en una sala de decisión con tres magistrados, quienes confirmaron el veredicto en su totalidad.
«No es una pena tan alta, son apenas 17 meses de prisión. Sin embargo, se le negó todo beneficio al sentenciado, ordenando su captura para que cumpla la condena en la cárcel. Se ha interpuesto un recurso de casación para que la Corte Suprema de Justicia resuelva. Si confirman el dictamen del Tribunal, tomará tiempo, pero la justicia llega en su momento», concluyó el defensor de Patricia Imbachí España.
¿Más víctimas?
Conocido este caso, salieron a la luz otros testimonios, incluidos los de niñas menores de edad, según indicó el abogado Marín.
«Lamentablemente, la Fiscalía General de la Nación no ha prestado atención a los otros casos, especialmente los de las niñas que declararon. Ellas suscribieron un documento y lo firmaron, informando a la Procuraduría y a la Secretaría de Educación que también eran víctimas de este hombre. En una de las audiencias del caso de la profesora Patricia Imbachí, el Procurador presente solicitó vehementemente a la Fiscalía y a los jueces que no dejaran este asunto en la impunidad y que se investigara también el caso de las niñas. No sé qué habrá pasado, ya que no soy el abogado de ellas. Desconozco si la Fiscalía ha impulsado el proceso, pero sospecho que no», comentó Marín.
