Aníbal Charry González
En este país de leguleyos, donde todo el mundo es abogado hasta que no se le demuestre lo contrario, y donde se demanda absolutamente todo, hasta un nacimiento y por eso tenemos una justicia congestionada de demandas de todo orden, especialmente de acciones de tutela que puede interponer cualquier ciudadano, muchas de ellas inútiles o temerarias sobre lo humano y lo divino como de hecho ocurre cotidianamente, los jueces tienen que ocuparse en resolverlas con pérdida de tiempo que tendrían que dedicar a asuntos verdaderamente relevantes, y así ha sucedido con una tutela ociosa que presentó nada menos que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Por eso el Consejo de Estado acaba de negar la que presentó el magistrado Gerardo Botero Zuluaga, que pedía que se le ordenara a la corporación de la cual hace parte devolver la terna que presentó el presidente Petro para reemplazar en buena hora al autodenominado mejor fiscal de la historia, el incompetente y enemigo acérrimo de la paz y todo lo que diga o haga el presidente, Francisco Barbosa, invocando que la terna estaba conformada solo por mujeres, que debía recomponerse para que se incluyera por lo menos un hombre, porque en su peregrino criterio le estaban vulnerando los derechos fundamentales al voto, dignidad humana, igualdad, equidad de género o libertad de expresión. ¡Hágame el favor!
Y el alto tribunal de lo contencioso la negó como estaba cantado, afirmando categóricamente que no se le estaban vulnerando en absoluto los derechos fundamentales al magistrado que presentó la tutela con el siguiente lógico y elemental argumento fáctico, jurídico y constitucional: “La desigualdad de género parte de reconocer que históricamente las mujeres han sido discriminadas y, por lo tanto, es necesario tomar acciones que contribuyan a disminuir las brechas entre mujeres y hombres para que se logre avanzar hacia la igualdad de género”. Y más cuando precisamente el cargo de fiscal general ha sido ocupado abrumadoramente por hombres funestos y de ingrata recordación que se han puesto al servicio del régimen que los eligió y no al servicio de la justicia, como el de bolsillo que se pretende reemplazar.
Y es que la tutela presentada por el letrado que ocupa el cargo de magistrado en la Sala Laboral de la alta Corte de la justicia ordinaria, es la clásica tutela ociosa a la que se refiere el epígrafe de esta columna, pues debía conocer de antemano los contundentes y lógicos argumentos que se dieron para negarla, que el ciudadano de a pie no entiende como es que un encumbrado jurista que además es administrador de justicia, dedica tiempo a esta clase de ejercicios inútiles que debía dedicar para fallar en forma expedita los asuntos a su cargo que están bien congestionados, para hacérselo perder de contera a otros magistrados que tienen que resolver temas que solo buscan vano protagonismo oponiéndose a todo lo que diga o haga el presidente Petro. Por eso aquí sí cabe decirle al tutelante como se dice en el argot popular, que coja oficio administrando justicia.
