En una carrera contrarreloj, representantes de trabajadores y empresarios se enfrentan a la última semana del año para lograr un acuerdo sobre el salario mínimo que regirá en 2024. La fecha límite, el próximo 30 de diciembre, se acerca y las diferencias entre las partes podrían llevar al Gobierno a decretar el tan esperado incremento.
Tras el vencimiento del primer plazo el pasado 15 de diciembre, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, emprendió esfuerzos individuales para acercar posiciones entre los involucrados. Sin embargo, la reunión del viernes 22 de diciembre, que duró dos horas, no arrojó resultados positivos. «Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir profundizando el diálogo para que el acuerdo le beneficie al país», declaró Ramírez, sin descartar la posibilidad de que el Gobierno tome la decisión final.
Hasta ahora, solo una cifra concreta ha emergido de las discusiones: un 18% propuesto por las centrales sindicales. De aceptarse esta propuesta, el salario mínimo se elevaría de $1.160.000 a $1.394.000, representando un aumento de $234.000. Los costos laborales por cada trabajador que perciba el mínimo pasarían de $1,8 millones a $2,1 millones.
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En contraste, los empresarios no han presentado una cifra específica, pero sugieren que el aumento debería rondar el 10,15%, acorde con la inflación. Bajo esta consideración, los costos laborales ascenderían a $1,9 millones por trabajador que gane el salario mínimo.
Los analistas económicos advierten sobre las posibles consecuencias de un aumento elevado. Juan David Ballén, director de análisis y estrategia de Casa de Bolsa, alerta que «un aumento sin fundamento del salario mínimo podría moderar el ritmo con el que está descendiendo el IPC, dificultar el recorte de tasas del Banco de la República y afectar la creación de empleo por mayores costos laborales». La incertidumbre persiste en este crucial proceso que definirá el panorama económico del próximo año.
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