Desde hace varios meses el salario de los congresistas viene generando controversia dado que se ha convertido en una bandera de las campañas políticas. En ese orden de ideas, la reducción no ha sido una realidad, por el contrario, el pasado 5 de diciembre, miembros de la administración de Gustavo Petro firmaron un aumento salarial del 7,26 % para los funcionarios del Capitolio Nacional.
“A partir del 1 de enero de 2022 la asignación mensual de los miembros del Congreso de la República se reajustará en 7.26 %”, se lee en el Decreto 2405 de 2022. El documento lo firmó el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y el director administrativo de Función Pública, César Augusto Manrique.
Es así como el aumento corresponde a 2′563.973 de pesos, por lo que el sueldo neto de los legisladores quedará en 37′880.418 de pesos para 2023. Ese valor se justifica por los 9′159.143 pesos de sueldo, los 12′440.495 de prima de servicios especiales y 16′282926 de gastos de representación. Al parecer, los senadores y representantes que se posesionaron el pasado 20 de julio recibirán un retroactivo, pues la norma aplica para 2022. Así pues, en el pago correspondiente a diciembre se le consignarán 12′500.000 pesos adicionales, sin contar la prima de Navidad a la que tienen derecho.
Es de precisar que al Gobierno le corresponde —por obligación constitucional— expedir anualmente el decreto con el incremento salarial de los legisladores, justo después de que la Contraloría General de la Nación emita el certificado con el promedio ponderado de los reajustes de remuneración de los servidores públicos. Teniendo en cuenta esos parámetros, el presidente de la República termina firmando dicho documento. En ese sentido, a pesar de las polémicas, las promesas y la posición de la actual administración, el presidente no se puede negar al incremento anual que está consignado en el artículo 187 de la Constitución Política
Ahora bien, también es cierto que desde el Legislativo se han presentado varias iniciativas para reducir el salario, tal como habían prometido en campaña; sin embargo, los proyectos de ley todavía no han logrado prosperar para que se convierta en una realidad.